En una semana el Ministerio de Justicia y las Altas Cortes deberán iniciar las discusiones para establecer la hoja de ruta que va a definir la elección de los magistrados que pondrán a funcionar el Tribunal Especial para la Paz, según lo establecido en el acuerdo de paz.
Los magistrados serán en total de 38, más 10 extranjeros en calidad de amicus curiae; también se establece que los 16 fiscales que integran la Unidad de Investigación y Acusación serán de nacionalidad colombiana.
Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz estarán sometidos al mismo régimen disciplinario previsto para jueces y magistrados. La adopción de medidas disciplinarias corresponderá a una comisión integrada por un magistrado de cada Sala y Sección.
Sin embargo, preocupa un reciente informe de la Fiscalía en el que se revela que a la fecha quedan pendientes 976 procesos en curso de justicia y paz por 35.202 hechos imputados.
De acuerdo con el ente investigador, en los últimos cinco años fueron excluidos de los beneficios jurídicos un total de 635 postulados que se hicieron pasar como integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), o que incumplieron con los compromisos de verdad y reparación que son exigidos para ser acogidos en esta justicia alternativa.
El informe también recalca que aunque en los últimos años se ha avanzado en el proceso de judicialización de los exparamilitares, el ente investigador señala que se deben tomar medidas para que este proceso no se extienda por más de 20 años.
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