En un documento de cuatro páginas, la Procuraduría anunció que abrió indagación previa contra funcionarios de la Gobernación y la Asamblea del Atlántico por las presuntas irregularidades en los contratos de la Gobernación y la Fundación Conciencia Social, que, al parecer, Nicolás Petro, Day Vásquez y Gustavo de la Ossa organizaban para ejecutar un porcentaje y quedarse con la mayoría del presupuesto.
La decisión se tomó a raíz de publicaciones de prensa que denunciaron dichas irregularidades en contratos suscritos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social entre 2021 y 2022, en los que, al parecer, los involucrados organizaban partidas presupuestales y se quedaban con la tajada más grande.
La decisión de la Procuraduría cita que con esta decisión se conocen las actuaciones disciplinarias de “los diputados, concejales de las capitales de departamento, contralores departamentales y contralores municipales de capital de departamento, defensores regionales, rectores, directores o gerentes de organismos descentralizados del orden departamental y miembros de sus juntas o consejos directivos, y contra servidores públicos del orden departamental”.
Por eso, se resolvió abrir indagación previa a los funcionarios de la Gobernación y Asamblea del Atlántico que se pudieron ver involucrados en dicha contratación, supervisaron los convenios con la Fundación Conciencia Social – Fucoso y hasta solicitaron documentación de Nicolás Petro cuando fue diputado de ese departamento.
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