La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez , reiteró este domingo que el país sostuvo "extensas conversaciones" con España para facilitar la salida del líder de la principal coalición opositora, Edmundo Gonzálbez Urrutia, mientras que el Gobierno español niega que haya habido una "negociación política" con "contrapartidas" entre ambos países.
"Se llevaron a cabo amplias conversaciones y contactos para viabilizar la salida del opositor González Urrutia del país, con las garantías plenas que ofrece un salvoconducto, fruto del acuerdo entre ambos Gobiernos", declaró Rodríguez a través de su canal en Telegram.
Estas afirmaciones responden a declaraciones del ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, en TVE, quien, si bien no negó la existencia de conversaciones, rechazó la idea de una negociación con contrapartidas. Además, subrayó que el asilo y traslado a Madrid fue una solicitud personal de González Urrutia, la cual el Gobierno de Pedro Sánchez aceptó.
"No ha habido ningún tipo de negociación política entre el Gobierno de España y el de Venezuela (...). España no ha ofrecido ninguna contrapartida para que se concretara la salida de Edmundo González", aseguró Albares.
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En respuesta, Rodríguez señaló que "es un hecho comprobable" el aterrizaje de "una aeronave de la Fuerza Aérea española", en la que viajó el líder opositor, tras haber obtenido la "autorización de las autoridades aeronáuticas de Venezuela", sin hacer mención a contrapartidas.
La vicepresidenta calificó de "falsa" la declaración del ministro español y reiteró que, tras los "contactos pertinentes" entre ambos países y "en apego a la legalidad internacional", se concedió el salvoconducto al opositor.
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A 42 días de las elecciones presidenciales, Albares volvió a instar al ente electoral venezolano a que publique las actas de votación, tal como han solicitado otros Gobiernos extranjeros, para aclarar el resultado oficial que otorgó la reelección a Maduro, el cual la oposición tacha de "fraudulento".
La oposición basa su reclamo en la publicación del 83,5 % de las actas electorales en una página web, documentos que, según ellos, fueron recopilados por testigos y miembros de mesa. Sin embargo, el Gobierno venezolano sostiene que esos documentos son "falsos".
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