Desde el 12 de mayo de 2022, la norma sanitaria impuesta por el gobierno deDonald Trump , el Título 42, que permitía la expulsión de migrantes en la frontera con México, llega a su fin. La Administración de Joe Biden ha puesto en marcha una serie de medidas para frenar el aumento de la migración por tierra, restringiendo el acceso al asilo en la frontera. Estas son las claves para entender la nueva realidad migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México.
¿Qué es el Título 42?
El Título 42 es una norma sanitaria impuesta durante el mandato de Trump que permitía las expulsiones en caliente de migrantes en la frontera. Con el pretexto de la pandemia, el Título 42 ha permitido la restricción de la entrada de migrantes por la frontera sur y la expulsión a México de personas de ciertas nacionalidades tras cruzar la frontera de manera irregular, sin la posibilidad de solicitar asilo. En todo este tiempo, Estados Unidos ha llevado a cabo más de 2,5 millones de expulsiones en virtud de esta norma.
¿Cómo funcionará la frontera a partir de ahora?
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Con el fin del Título 42, se esperaba que volvieran a aplicarse las normas habituales para revisar los casos de asilo, que por ley debe ser pedido en suelo estadounidense. Sin embargo, el Gobierno de Biden ha decidido implementar una nueva norma que restringe el acceso al asilo para las personas que buscan llegar a EE.UU. por tierra.
La regulación califica como "no aptos" para solicitar asilo a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera y que no hayan pedido protección en un tercer país durante su travesía hacia EE.UU. La principal vía legal para solicitar asilo en EE.UU. será a través de la aplicación móvil CBP One, que permite a los inmigrantes concertar citas con las autoridades para exponer sus casos. EE.UU. ofrecerá unas 1.000 citas diarias para solicitar asilo a través de este procedimiento, una cifra que podrá incrementarse "dependiendo de la capacidad" de los trabajadores del servicio de migración.
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Quienes decidan atravesar la frontera de manera irregular serán declarados no aptos para pedir asilo en EE.UU., a menos que se les haya negado anteriormente en un tercer país o que demuestren haber encontrado barreras tecnológicas o de lenguaje para acceder a la aplicación.
¿Qué consecuencias tendrá la nueva realidad en la frontera?
Expertos en migración y derechos humanos han criticado duramente las medidas tomadas por el Gobierno demócrata, asegurando que son una continuación de las políticas de Trump y alertan de que pueden generar consecuencias humanitarias y violaciones de derechos humanos.
Además, se espera que el aumento de los flujos migratorios pueda derivar en más muertes y sufrimiento humano, ya que muchas personas pueden optar por rutas peligrosas y desesperadas para intentar llegar a EE.UU.
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Asimismo, la nueva normativa puede tener un impacto en la situación de los migrantes que ya están en la frontera o que han sido expulsados bajo el Título 42. Según expertos, muchos de ellos podrían quedarse atrapados en una especie de limbo legal y humanitario, sin acceso a la protección que necesitan.
Organizaciones en defensa de los derechos humanos han instado al Gobierno de Biden a que no repita los errores de Trump en materia migratoria y a que se comprometa a una política que garantice la protección y el respeto de los derechos humanos de todas las personas, incluidas las migrantes.
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La nueva normativa migratoria de Biden ha sido criticada por algunos activistas, que consideran que no representa un verdadero cambio con respecto a la política migratoria de Trump. Sin embargo, otros expertos destacan que la realidad en la frontera es compleja y que cualquier cambio en la normativa migratoria tendrá un impacto en la vida de miles de personas.
En definitiva, la eliminación del Título 42 supone un cambio importante en la política migratoria de EE.UU., pero aún queda por ver cuál será el impacto real de las nuevas medidas en la frontera y en la vida de las personas migrantes. Lo que está claro es que la situación sigue siendo difícil y que es necesario seguir trabajando por una política migratoria justa, que garantice la protección de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria.