El Tribunal Supremo venezolano en el exilio ordenó a la Fuerza Armada Nacional (FAN) de Venezuela que "desconozca" al régimen del presidente Nicolás Maduro y "restablezca" el orden constitucional y el Estado de derecho en la nación.
En una sentencia emitida por la Sala Constitucional del TSJ en el exilio se exige a "jueces, fiscales, funcionarios policiales y militares" que ejecuten "acciones contundentes para frenar la injusticia, la arbitrariedad, el abuso y la conculcación de derechos" cometidos por el régimen "inconstitucional" de Maduro.
El Tribunal Supremo "legítimo", como se auto denomina este órgano judicial compuesto por jueces nombrados por el Parlamento (de mayoría opositora), llama a todos los ciudadanos y fuerzas públicas venezolanas a "detener el régimen inconstitucional" en poder de un Gobierno entregado a la "ilegalidad y la fuerza", según el documento al que Efe tuvo acceso.
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Apelando a los artículos 333 y 350, afirma que la Constitución venezolana consagra el derecho universal por el que los ciudadanos "tendrán siempre el derecho a desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas".
Un derecho que, prosigue el tribunal, "ejerce el pueblo por medio de la resistencia civil" para "restablecer el imperio de la ley" y "rescatar los derechos humanos y constitucionales vulnerados".
Advierte finalmente en la sentencia que "incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa" todos aquellos militares o componentes de la FAN cuyos actos en el ejercicio del poder público "menoscaben los derechos garantizados por esta Constitución", además de resultar nulos.
La sentencia se dictó en respuesta al "Recurso de Interpretación del Artículo 350" interpuesto por varias organizaciones de militares retirados, entre ellas el Frente Institucional Militar (FIM), la Alianza Militar por Venezuela y la Fundación Orión.
La Sala Constitucional del TSJ en el exilio está integrada por su presidente, Miguel Ángel Martín, y los jueces Elenis del Valle Rodríguez, Coromoto Cioly Zambrano, Luis Manuel del Valle Marcano, Zuleima del Valle González y Gustavo José Sosa Izaguirre, con ponencia del magistrado Gabriel Ernesto Calleja.
El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, designó en julio del año pasado a 33 magistrados para el Tribunal Supremo, con la idea de que reemplazaran a 33 jueces en ejercicio de esa instancia, al considerar que están al servicio del Gobierno y que en su nombramiento hubo graves irregularidades.
Ese Supremo que funciona en el exilio se autodenomina "legítimo" al considerar que el que funciona en Caracas fue nombrado "sin que se cumplieran los requisitos constitucionales".
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