Supremo de Venezuela rechaza revisar sentencia que convalidó reelección de Nicolás Maduro

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela desestimó este viernes una solicitud de revisión constitucional de la sentencia que validó la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, cuya legitimidad ha sido cuestionada por numerosos países, que la consideran fraudulenta y no la reconocen.

La Sala Constitucional del Supremo declaró inadmisible la solicitud, presentada el 25 de septiembre por el excandidato presidencial Enrique Márquez, apoyada por una veintena de líderes disidentes del chavismo y miembros de la cúpula tradicional del Partido Comunista de Venezuela (PCV).

En su resolución, el TSJ afirmó que el peritaje realizado por la Sala Electoral para validar la reelección de Maduro, el cual no pudo ser verificado por representantes de la oposición mayoritaria, fue "impecable y garantizado", y que a través de este se comprobó la "integridad inobjetable" del boletín emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

"Todo lo cual fue constatado por esta Sala Constitucional, reafirmando que el proceso electoral del 28 de julio de 2024 reflejó la voluntad del pueblo venezolano", señala la sentencia.

Además, la nueva decisión del TSJ, compuesto casi en su totalidad por magistrados afines al chavismo, ratifica que la reelección del presidente ha sido certificada "categóricamente".

Asimismo, se destaca que todo el material electoral entregado por el CNE "queda en resguardo" del TSJ, lo que imposibilita el acceso a las actas de votación de cada centro, algo que la comunidad internacional ha solicitado revisar para certificar o refutar el resultado proclamado.

La oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), sostiene que su candidato, Edmundo González Urrutia, es el verdadero ganador de los comicios, basándose en el "83,5 % de las actas electorales" recopiladas por testigos y miembros de mesa el día de las elecciones. Estos documentos han sido considerados válidos por varios países, mientras que el oficialismo los califica como "falsos".