La controversia sobre los trece indultos otorgados por el presidente de Chile, Gabriel Boric , con motivo del fin de año creció este martes pese a que la potestad presidencial ha sido ejercida de forma regular y amplia por todos sus predecesores, con más de 1.600 casos desde que en 1990 retornó la democracia.
El tono lo elevó este martes la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido ultraconservador de oposición formado en la década de los pasados ochenta, que anunció la presentación de un proyecto de reforma constitucional para que elimine esta facultad presidencial, argumentando que en este caso se trata de “indultos políticos”.
En diálogo con Mañanas Blu, el senador chileno Fidel Espinoza Sandoval se refirió a estos indultos y al caso del exfrentista Jorge Mateluna, que ha causado gran revuelo en ese país.
“En este caso se ha generado una polémica porque, como todos sabemos, en Chile en el estallido social hubo mucha destrucción de la propiedad pública y privada. Se puso en riesgo, en muchos casos, la vida de las personas, se quemaron iglesias, universidades y muchos de estos jóvenes fueron parte de esos delitos”, comentó en Blu Radio.
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“Estamos evaluando, estamos recopilando antecedentes, abogados constitucionalistas están revisando este tema”, dijo el presidente de la UDI, Javier Macaya, respecto a llevar el caso ante el Tribunal Constitucional.
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Además, ha amenazado con retirarse de la "mesa transversal de seguridad", al igual que han hecho otros miembros de la coalición opositora de derechas "Chile Vamos".
La presidencia de Chile anunció el pasado viernes el indulto a 13 personas, entre ellas 12 jóvenes detenidos en el marco de las protestas sociales que sacudieron el país en 2019 y el exguerrillero Jorge Mateluna, miembro del grupo armado de oposición a la dictadura Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en prisión desde 2008 por un delito de robo.
El indulto a Mateluna, que siempre ha defendido que no participó en el atraco al banco Santander que se le imputa y ha denunciado que fue condenado con pruebas viciadas, es el que más polémica ha generado, controversia en la que también se ha implicado la Corte Suprema después de que Boric aludiera a las presuntas irregularidades en el proceso.
Tras conocerse la medida de gracia, el citado tribunal afirmó que "ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.
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En respuesta, Boric aseguró este martes que "sería una mala noticia como país que como presidente de la República iniciara una disputa con el Poder Judicial, como desgraciadamente se ha hecho costumbre en otros países alrededor del orbe", afirmó.
“Independiente de mi opinión personal del caso en cuestión, el indulto otorgado a Jorge Mateluna se funda en las atribuciones que como presidente de la República me otorgan la Constitución y las leyes”, agregó.
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MÁS DE 1.600 INDULTOS PRESIDENCIALES DESDE EL FIN DE LA DICTADURA
La concesión del indulto en Chile es una potestad que descansa exclusivamente en el jefe de Estado, que tiene la facultad de cambiar, conmutar o dejar sin efecto una sentencia definida por el Poder Judicial.
Desde el retorno de la democracia en 1990, esta facultad presidencial ha sido aplicada en más de 1.600 ocasiones, con un máximo de 928 durante el mandato del primer presidente post dictadura, Patricio Aylwin (1990-1994).
Y apenas 24 durante el segundo cuatrienio del predecesor de Boric, el presidente Sebastián Piñera (2018-2022), quien otorgó la gracia presidencial a dos personas condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
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El brigadier Raúl Rojas Nieto, entonces de 84 años, condenado a siete años por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas tras el golpe conocida como "caso Caravana de la Muerte", y el oficial en retiro de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) Víctor Mattig Guzmán, entonces de 81 años, condenado a 10 años y un día por el delito de secuestro calificado.
Eduardo Frei concedió 343 indultos entre 1994-2000, entre ellos a un controvertido narcotraficante; el socialista Ricardo Lagos dio 204 de estas gracias entre 2000 y 2006 y la también progresista Michelle Bachelet se la otorgó a 67 condenados durante su primer mandato (2006-2010) y apenas diez durante el segundo (2014-2018).
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Sebastián Piñera perdonó por gracia presidencial a 14 personas durante su primer periodo (2010-2014).
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