Perú vive duro choque de poderes tras disolución del Congreso por parte de Vizcarra

"He decidido disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias" anticipadas, dijo Vizcarra en un mensaje al país por televisión, al agudizarse un choque de poderes iniciado hace tres años y cerrarse las vías de entendimiento entre el ejecutivo y legislativo.

La gota que rebalsó el vaso para el mandatario fue la negativa del Congreso a suspender una polémica designación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional.

Vizcarra había lanzado el domingo un ultimátum al Congreso al advertir que lo disolvería si este lunes le negaba un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados, con lo que buscaba impedir que ese alto tribunal fuese copado por la oposición.

Como consecuencia de la denegatoria del voto de confianza, renunció el primer ministro, Salvador del Solar. En su reemplazo Vizcarra nombró a Vicente Zevallos, su ministro de Justicia.

Una disolución del Congreso en Perú no ocurría desde el 5 de abril de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000) dio un "autogolpe" y asumió plenos poderes con el apoyo de las fuerzas armadas. En esta ocasión, en cambio, Vizcarra se amparó en la Constitución para dar este paso.

El disuelto parlamento no tardó en reaccionar, suspendiendo por un año a Vizcarra para ejercer el cargo de presidente. La suspensión fue aprobada por 86 votos de un total de 130 legisladores.

El Congreso declaró la "incapacidad temporal" de Vizcarra y nombró como presidenta interina a Aráoz.

"Es mi deber como ciudadana, mujer, madre y vicepresidenta asumir este mandato. Lo más fácil habría sido renunciar. No me corro a mis responsabilidades por más difíciles que sean las circunstancias", dijo Aráoz, quien calificó como "inconstitucional" la disolución del Congreso.

Mientras tanto, Vizcarra convocó a nuevas elecciones parlamentarias para el 26 de enero, según decreto publicado en la gaceta oficial.

Los jefes de las Fuerzas Armadas reafirmaron su lealtad Vizcarra, acudiendo por la noche a la sede de gobierno para expresarle su respaldo.

"El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los Comandantes Generales del Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Policía Nacional del Perú reafirman en Palacio de Gobierno su pleno respaldo al orden constitucional y al presidente Martin Vizcarra como Jefe Supremo de las FF.AA y PNP" (Fuerzas Armadas y la Policía), dijo la presidencia en Twitter junto a una fotografía de la reunión.

"Un golpe de Estado"

"Estamos ante un golpe de Estado, me hace acordar al 5 de abril del 92. Espero que las Fuerzas Armadas y la Policía no se presten a esta patraña", dijo el legislador socialdemócrata Jorge Del Castillo, ahora aliado del fujimorismo, sobre la disolución del Congreso.

Del otro lado, la líder izquierdista Verónika Mendoza encabezó en Lima una marcha de más de 2.000 manifestantes en respaldo a la decisión de Vizcarra.

"Estamos aquí celebrando esta victoria que nos ha costado, es el primer paso del pueblo peruano", aseguró Mendoza, cuyo partido bregó en el parlamento a favor de la disolución.

Marchas en respaldo a la disolución se sucedieron en las principales ciudades del país, como Huancayo, Cusco, Arequipa, Puno, Trujillo y Tacna, entre otras.

El mandatario ha ganado gran popularidad al encabezar una cruzada contra la corrupción en un país donde los cuatro anteriores presidentes quedaron bajo la lupa de la fiscalía acusados de recibir dádivas de la constructora brasileña Odebrecht.

Vizcarra pidió el voto de confianza luego de que el Congreso archivara el jueves su proyecto de adelantar elecciones a abril de 2020, lo que implicaba recortar un año su mandato y el del Legislativo. La propuesta era apoyada por el 75% de los peruanos, según encuestas.

Los legisladores opositores no desean elecciones anticipadas, pues arriesgan su holgada mayoría en momentos en que sufren gran desprestigio, según sondeos. Además, por una reforma de Vizcarra ratificada en referéndum en 2018, los parlamentarios no pueden ser reelegidos.

El Tribunal Constitucional está encargado de interpretar la Carta Magna y funciona como última instancia judicial en recursos de amparo, como el presentado para que Keiko Fujimori recupere su libertad.

La líder opositora está en prisión preventiva desde hace 11 meses por el escándalo de Odebrecht y el fallo sobre su recurso será anunciado próximamente por el tribunal.

Además del gobierno, juristas independientes cuestionaban el actual mecanismo de selección del Tribunal por su celeridad y falta de transparencia.

La crisis política persiste en Perú desde que hace tres años el banquero Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) venció ajustadamente a la populista Keiko.

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Aunque perdió la presidencia, el partido de la primogénita de Alberto Fujimori ganó una abrumadora mayoría en el Congreso con la que mantuvo contra las cuerdas a Kuczynski hasta forzarlo a dimitir en marzo de 2018, cuando lo sustituyó Vizcarra, su primer vicepresidente.

Vizcarra carece de partido y bancada parlamentaria pero, a diferencia de su antecesor, se ha enfrentado enérgicamente al Congreso.

¿Qué puede pasar ahora?

La incertidumbre es muy amplia. Ninguna de las partes reconoce a la otra y todo parece indicar que terminará en las manos Tribunal Constitucional, que tendrá que dilucidar en último término si Vizcarra hizo bien en interpretar como denegado el pedido de confianza dadas las acciones tomadas por el Congreso.

Mientras, no parece que haya interés en desalojar a los congresistas que permanecen en el Congreso.

Tampoco hay sensación de inseguridad ciudadana, ni temor a una intervención militar. Los medios de comunicación han actuado toda la jornada con total libertad y lo siguen haciendo y nadie ha sido detenido.

Vizcarra convocó ya elecciones para renovar el Congreso y le dio fecha, tal y como señala la Constitución peruana.

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