ONU Y HRW denuncian deterioro de situación en Nicaragua y “secuestro” de opositores

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el deterioro de la situación en Nicaragua, que según ella imposibilita que los nicaragüenses puedan elegir libremente durante los comicios de noviembre.

"Desde hace tres años este Consejo ha analizado con profundidad la crisis de los derechos humanos que afecta a Nicaragua (...), pero ésta no sólo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante", señaló la expresidenta chilena en su intervención.

Bachelet lamentó que del 12 al 21 de junio la Policía nacional y el Ministerio Público de Nicaragua hayan detenido a varios miembros de la oposición, entre ellos cinco personas que habían hecho pública su intención de presentarse como candidatos a los próximos comicios generales.

Las detenciones e investigaciones penales se fundamentan en dos leyes adoptadas por Nicaragua en 2018 y 2020. La oficina que dirige Bachelet ya había advertido que podrían ser utilizadas para perseguir a opositores, "como en efecto está ocurriendo", aseguró la alta comisionada.

Bachelet también criticó la ley de reforma electoral adoptada por las autoridades nicaragüenses el 4 de mayo, que en su opinión "no introduce salvaguardas para garantizar la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales", así como la disolución de dos partidos políticos ordenada dos semanas después.

Bachelet pidió por todo ello al gobierno del presidente Daniel Ortega "cambios urgentes", que "implicarían como mínimo liberar de inmediato a todas las personas arbitrariamente, cesar toda persecución contra voces disidentes, y restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral" HRW denunció el "secuestro" por parte del presidente de Nicaragua de sus adversarios políticos "Lo que estamos viviendo hoy día es absolutamente inaudito en América Latina en los últimos 30 años, como es el secuestro de los cinco principales precandidatos presidenciales en Nicaragua", aseguró en una rueda de prensa el director de la división de las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.

Vivanco hizo estas declaraciones después de que la ONG presentara este martes un informe de 38 páginas en el que urge a Naciones Unidas a actuar ante la reciente ola de arrestos contra líderes de la oposición y otros críticos de Ortega.

En las últimas semanas las autoridades nicaragüenses han detenido e iniciado procesos penales contra los principales candidatos presidenciales de la oposición: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García y Miguel Mora. La última detención fue la de Mora, en la medianoche del pasado domingo.

Fue arrestado por la Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, un consuegro del presidente Ortega, citando una Ley aprobada en diciembre pasado que los cataloga como "traidores a la patria" y los inhabilita a optar a cargos públicos.

En el caso de Cristina Chamorro, la aspirante presidencial opositora e hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, que gobernó Nicaragua entre 1990 y 1997, Vivanco dijo que "está secuestrada en su hogar y limitada solamente a su dormitorio por delincuentes armados que están en control del resto de su casa y que le han cortado todas las comunicaciones".

"Lo que se busca es sacarla de la contienda electoral para inhabilitarla de cara a las elecciones, lo que deja a Chamorro en una situación de total indefensión", argumentó Vivanco. También han sido arrestados dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un exdirigente empresarial, un banquero, cuatro activistas y dos extrabajadores de una ONG.

"Esta es una situación gravísima que afecta la vigencia de los Derechos Humanos en Nicaragua", sentenció Vivanco. Por ello, HRW pidió este martes al secretario general de la ONU, António Guterres, que use su poder para invocar el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas con el fin de convocar una reunión con la justificación de que existe una amenaza para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.