Nicaragua acusa a Colombia de desafiar decisiones de la CIJ en diferendos marítimos

Nicaragua acusó este lunes a Colombia de desafiar la autoridad de la Corte Internacional de Justicia (CIJ, organismo de la ONU) al no respetar sus decisiones, en la apertura de las audiencias sobre diferendos marítimos entre ambos países.

Nicaragua había presentado en 2013 ante la CIJ un contencioso en el que afirmaba que Colombia había violado sus derechos en vastas extensiones marítimas muy ricas en recursos petroleros e ictiológicos, que la CIJ le había concedido un año antes.

Durante la apertura de este caso, tras años de disputas legales, el representante nicaragüense, Carlos José Argüello Gómez, acusó a Colombia de "ignorar y violar los derechos de Nicaragua".

"Esto solamente puede constituir un desafío directo a la autoridad de este tribunal", declaró Argüello.

Colombia habría recientemente convocado un referéndum respecto a estas fronteras marítimas, calificando a la CIJ como
"el enemigo", anunciando que su armada no respetaría su sentencia, e "inclusive cuestionó la integridad moral de los
miembros del tribunal", afirmó el representante nicaragüense.

"La negativa de Colombia a cumplir con esta sentencia y a respetar los derechos de Nicaragua persiste hasta hoy", añadió.

Colombia participará durante esta semana en las audiencias previstas y esgrimirá sus argumentos ante la CIJ, encargada de resolver los diferendos entre países miembros de la ONU.

Estas dos naciones latinoamericanas no tienen fronteras terrestres sino marítimas, un tema fuente de tensiones desde hace casi un siglo.

Nicaragua había llevado a Colombia ante la CIJ en 2001, y en 2012 logró que se le concedieran decenas de miles de km2 de aguas que antes estaban bajo control de Bogotá.

La decisión de 2012 fue vivida como un trauma por Colombia, que afirma temer por los derechos de los habitantes de las islas ubicadas en esa región, así como que sus actividades pesqueras sean puestas en tela de juicio por las autoridades nicaragüenses.

Nicaragua volvió a presentarse ante la CIJ en 2013, afirmando que Colombia violó sus derechos en esas vastas extensiones marinas que la CIJ le había concedido en 2012.

En 2016, los magistrados de la CIJ se declararon competentes para juzgar estos diferendos marítimos, pese a la oposición de Bogotá que consideraba que este alto tribunal no lo era en estos asuntos.

Los países están obligados a acatar las sentencias de la CIJ, que son definitivas, no pueden ser apeladas y son consideradas muy vinculantes.

En casos excepcionales, como parece éste, en que algún país se niegue a respetar sus decisiones, pueden ser llevados ante el Consejo de Seguridad de la ONU por el país litigante para que tome las medidas adecuadas.