El Gobierno panameño informó el domingo que más de 100.000 migrantes han cruzado el Darién
, la frontera natural entre Panamá y Colombia, en lo que va del año. Esto iguala la cantidad de personas que pasaron por esa ruta peligrosa entre enero y abril de 2023.
El ministro de Seguridad de Panamá, Juan Manuel Pino, reveló que han superado la marca de 101.000 migrantes que han transitado por Panamá después de llegar por el Darién. Según las cifras oficiales, la mayoría son venezolanos (64.307), seguidos de ecuatorianos (8.198), haitianos (6.661), colombianos (6.462) y otras nacionalidades.
El aumento de migrantes por el Darién, en su camino hacia EE.UU. o Canadá en busca de mejores condiciones de vida, ha sido constante desde 2021, alcanzando una cifra récord de más de 520.000 en 2023, el doble que el año anterior. Para este año, se espera un aumento de hasta un 20 % con respecto al año anterior.
Los peligros naturales del Darién y la presencia de grupos armados han llevado a los migrantes a buscar alternativas como la ruta del Caribe, donde en febrero pasado murieron 5 migrantes después de que su embarcación naufragara cerca de la frontera con Colombia. En noviembre de 2023, las fuerzas de seguridad panameñas rescataron a 11 migrantes chinos abandonados en un bote en el Caribe.
Panamá registra a los migrantes a su llegada a las poblaciones indígenas a la salida de la selva o en los centros de recepción migratoria, donde les proporcionan refugio y comida antes de coordinar su salida en autobuses hacia Costa Rica, un viaje que deben costear por sí mismos.
Las autoridades panameñas han endurecido su postura respecto al tránsito de migrantes por la selva, señalando que es un negocio del crimen organizado. Médicos Sin Fronteras (MSF) suspendió su atención médica y humanitaria en el Darién desde el 4 de marzo, tras una orden del Gobierno panameño que acusó a la organización de enviar informes incompletos sobre migrantes víctimas de violencia sexual.
Además, se ha alegado que MSF obstaculiza la labor de las instituciones judiciales y sanitarias al no proporcionar la información necesaria sobre los migrantes presuntamente afectados por violencia sexual.
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