El mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que podría abordar la severa crisis de violencia que afecta a Haití, siempre y cuando cuente con la aprobación de las autoridades locales y de la ONU, así como con la cobertura de todos los gastos asociados.
Bukele expresó en inglés a través de su cuenta de X, cerca de la medianoche del sábado, en respuesta a un mensaje de un usuario: "Podemos arreglarlo. Pero necesitaremos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y que estén cubiertos todos los gastos de la misión".
En enero de 2023, El Salvador se comprometió a establecer una oficina de cooperación en Haití con el objetivo de "reducir los altos índices de criminalidad", según informó la Vicepresidencia en ese momento.
Posteriormente, en marzo, el vicepresidente Félix Ulloa anunció durante la XXVIII Cumbre Iberoamericana que su país estaba listo para enviar una misión de asistencia a Haití, tras un intercambio de notas entre los jefes de Estado de ambas naciones.
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Ulloa detalló que "en un intercambio de notas entre el presidente Nayib Bukele y el primer ministro Ariel Henry se ha logrado el acuerdo para establecer una oficina de El Salvador en la República de Haití".
"Es hora de pasar a la acción, ha habido muchos discursos, muchos acuerdos, muchas resoluciones sobre el caso haitiano, pero hay que ir sobre el terreno y El Salvador está listo para enviar una misión inmediatamente se terminen los acuerdos diplomáticos", agregó el vicepresidente salvadoreño.
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Bukele y sus funcionarios sostienen que El Salvador se ha convertido en el país más seguro del Hemisferio Occidental gracias a la implementación de un régimen de excepción centrado en la "guerra contra las pandillas", que ha resultado en más de 78.100 detenciones y la suspensión de derechos constitucionales.
Sin embargo, esta política de detenciones masivas ha sido objeto de críticas por parte de organismos locales e internacionales de derechos humanos, que han recibido denuncias de violaciones, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y muertes en prisiones sin esclarecer.
La violencia en Puerto Príncipe ha aumentado significativamente desde el compromiso de Ariel Henry, el 28 de febrero, de celebrar elecciones en Haití antes de finales de agosto de 2025, una fecha distante considerando que el primer ministro debió concluir su mandato el pasado 7 de febrero, según un acuerdo de 2022.
En medio de esta escalada de violencia, el pasado fin de semana bandas criminales ingresaron en las dos principales cárceles de la capital, permitiendo la fuga de más de 3.000 presos.
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Henry, actualmente en Puerto Rico y la máxima autoridad del país tras el asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moise, se encuentra bajo presión tanto dentro como fuera de Haití para facilitar una transición que contribuya a frenar la aguda crisis y la extrema violencia en la nación isleña.
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