Una carrera contra el reloj enfrentan desde este martes más de medio millón de cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que ingresaron a EE.UU. con un permiso humanitario conocido como 'parole' que ha sido revocado por la Administración del presidente Donald Trump, dejándolos expuestos a la deportación
después del próximo 24 de abril.
La Casa Blanca hizo oficial este martes la derogación del beneficio migratorio conocido como CHNV, que ha permitido a unos 530.000 inmigrantes
de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua residir y trabajar temporalmente en el país, tras ser avalados por un patrocinador.
La terminación del 'parole' representa "un regreso a las políticas sensatas, a la seguridad pública y a la idea de Estados Unidos
primero", ha dicho la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Tricia McLaughlin.
El DHS argumentó que el programa "no aporta un beneficio público significativo, no ha sido necesario para reducir los niveles de inmigración ilegal, no cumplen sus propósitos previstos y son incompatibles con los objetivos de política exterior" de la Casa Blanca.
Además, el Gobierno Trump achacó al CHNV haber "exacerbado los retrasos" en el sistema migratorio del país que enfrenta un atasco de casos.
Por ejemplo, unas 75.000 solicitudes de asilo fueron presentadas por extranjeros que ingresaron bajo este beneficio al país y que hacen parte de los más de 3,6 millones de expedientes que esperan ser resueltos en las cortes de inmigración
, según los datos citados por la Casa Blanca.
¿Qué viene para los migrantes?
La abogada experta en migración, María Trina Burgos, explicó en Mañanas Blu, cómo esta medida afecta a quienes hasta ahora contaban con un permiso legal para residir
y trabajar en el país.
Este programa ofrecía un estatus temporal que facilitaba la regularización de la estancia de muchos inmigrantes
, quienes podían acceder a permisos de trabajo. Sin embargo, la reciente decisión del nuevo gobierno podría dejarlos sin opciones.
La abogada Burgos indica que aunque el Parole tenía un límite de dos años, muchos migrantes todavía contaban con un estatus legal. La revocación inmediata de este programa los convierte en ciudadanos irregulares, lo cual es preocupante. "Los empleadores deben ser conscientes de las implicaciones de mantener a empleados en estas circunstancias, ya que podrían enfrentar sanciones", advirtió.
La abogada Burgos recomienda a los migrantes no actuar precipitadamente. "Consultar a un abogado especializado es fundamental", aconsejó. Existen diversas opciones, como solicitar asilo o explorar vías de ajuste de estatus. Además, la posibilidad de demandas federales por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes
ofrece una luz de esperanza.
A pesar de no haber confirmación oficial, la posibilidad de una nueva ola de restricciones genera preocupación entre los migrantes y sus familias.
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