Un gran jurado de Florida (EE.UU.) instó a los legisladores del estado a que frenen la liberación de las cárceles de "sin papeles (...) arrestados por delitos graves" que se aprovecharon del "abuso intencional y flagrante" de una ley.
El gran jurado especial del Décimo Circuito Judicial de Florida pidió al Congreso estatal que "elimine esa ley y endurezca otra" normativa que puede dar lugar a liberaciones de indocumentados no deseadas, recogieron este lunes medios locales.
La solicitud del gran jurado es resultado de la petición en 2022 del gobernador de Florida, Ron DeSantis, al Tribunal Supremo del estado para la creación de un cuerpo judicial para la investigación de la puesta en libertad de indocumentados que están en custodia por orden del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
Como consecuencia de esta ley, señaló el gran jurado en su presentación, "extranjeros ilegales arrestados por delitos graves como agresión sexual a un menor, robo de vehículos a mano armada y agresión con agravantes han podido" quedar libres.
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Una ley estatal en vigor permite el levantamiento de detenciones en ciertas circunstancias, por ejemplo cuando un inmigrante irregular ha sido víctima o testigo de un delito, según dijo el gran jurado y recogió hoy el canal público de radio y televisión WLRN.
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El gran jurado examinó esta ley e indicó que, sin "supervisión suficiente", este proceso permite (...) que las declaraciones de indocumentados que aseguran ser "víctimas" a menudo "no son cuestionadas por nadie ni corroboradas" con las autoridades del condado.
"Se están presentando y aprobando reclamos no probados que permiten a los funcionarios del condado ignorar y levantar las detenciones del ICE", agregó el gran jurado.
El republicano DeSantis, un conservador que ha dado señales de que competirá por la nominación presidencial republicana en 2024, defiende la tolerancia cero frente a la inmigración irregular.
El gobernador ha criticado durante mucho tiempo las políticas federales de inmigración y solicitó en junio pasado la formación de un gran jurado para analizar este asunto.
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DeSantis incluso creó un programa de reubicación de indocumentados, para llevarlos a otros estados, dotado de 12 millones de dólares de presupuesto.
Bajo ese programa, Florida envió en septiembre pasado a medio centenar de inmigrantes, la mayoría venezolanos, que habían cruzado desde México para solicitar asilo en EE.UU. desde San Antonio (Texas) hasta Martha's Vineyard, en Massachusetts.
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El traslado de los inmigrantes ha motivado demandas judiciales contra DeSantis en Massachusetts y también en Florida, además de una investigación federal.
Recientemente, DeSantis firmó una orden ejecutiva que le permite movilizar tropas de la Guardia Nacional y destinar nuevos recursos estatales para enfrentar la ola migratoria que llega por vía marítima al estado.
El republicano justificó la orden con el argumento de que solo en los dos primeros meses del actual año fiscal, la Patrulla Fronteriza (CBP) había detenido a más de 460.000 personas intentando entrar al país a través de la frontera del suroeste.
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