La ministra polaca de Sanidad, Izabela Leszczyna, advirtió este miércoles a los directores de los hospitales que se nieguen a autorizar abortos permitidos por la ley que se arriesgan a quedarse sin fondos públicos.
En una conferencia de prensa en Varsovia, la ministra recordó a todos los médicos que, cuando está amenazada la salud o la vida de una mujer, "no pueden invocar la llamada cláusula de conciencia".
Leszczyna anunció que los responsables de los departamentos de ginecología y obstetricia de todos los hospitales públicos deberán firmar un contrato que "establecerá de forma muy clara y precisa (...) que garantizan la interrupción de embarazos de acuerdo con la ley polaca".
"Si tienes un contrato con el Fondo Nacional de Sanidad, tienes que proporcionar un paquete de beneficios por el cual recibes dinero. De lo contrario, simplemente no tendrás contrato ni por lo tanto fondos", enfatizó la ministra.
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Ya "no habrá una lista de hospitales donde sí se practicaninterrupciones de embarazos y otra de aquellos donde no se realizan", declaró al responsable de la Sanidad polaca.
En Polonia, que tiene una de las legislaciones sobre el aborto más restrictivas del mundo, solo se permite interrumpir un embarazo cuando exista una amenaza para la vida o la salud de la madre o cuando sea resultado de un delito (violación o incesto).
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Desde que, en octubre de 2020, una sentencia del Tribunal Constitucional polaco eliminó varios de los supuestos que hasta entonces permitían el aborto, varias mujeres han muerto en hospitales cuando estaban ingresadas por complicaciones en la gestación.
La asociación polaca de Defensa de la Mujer "Federa" impulsa la investigación de los casos de cuatro mujeres fallecidas en estas circunstancias y a las que solo se les practicó un aborto cuando los médicos certificaron la muerte del feto, lo que produjo complicaciones con un desenlace fatal.
El Gobierno polaco está dirigido actualmente por el liberal Donald Tusk, después de años de dominio del ultraconservador Ley y Justicia (PiS), y recientemente anunció que cambiará la legislación para legalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación.
Por otra parte, la ministra de Sanidad anunció la creación de un "equipo coordinador para la seguridad sanitaria de las mujeres, del que formarán parte facultativos, expertos y "cualquier ciudadano que quiera aportar sus propuestas, reflexiones y quejas".
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