El gobierno de Joe Biden anunció un plan para reducir las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas, en particular de gas y carbón, a partir de 2030, medidas muy esperadas en el marco de los compromisos climáticos en Estados Unidos.
Esta nueva reglamentación incluye entre otras la obligación para ciertas centrales de carbón de captar sus emisiones de CO2, en lugar de liberarlas en la atmósfera.
Si entra en vigor, será la primera vez que la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) imponga restricciones a las emisiones de CO2 de centrales ya existentes. La producción de electricidad representa alrededor de un cuarto de las emisiones de gas de efecto invernadero del país.
Al igual que un anterior intento bajo el entonces presidente Barack Obama, estas normas serán probablemente impugnadas en los tribunales.
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Tienen el potencial para impedir la emisión de "más de 600 millones de toneladas de carbono de aquí a 2042", lo que equivale a las emisiones "de la mitad de los vehículos estadounidenses en un año", declaró el jefe de la EPA, Michael Regan.
Advirtió que conllevarán un cierre de las centrales de carbón, pero aseguró que tendrán "un impacto insignificante en los precios de la electricidad".
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En concreto, estas reglas propuestas varían en función del tipo de central, de su nivel de uso, o de su eventual fecha de cierre prevista.
La agencia confía sobre todo en las técnicas de captura y almacenamiento de CO2, aún poco extendidas y costosas.
El gobierno apuesta a su desarrollo tras lograr el año pasado que se adoptara una ley (Inflation Reduction Act, IRA) que incluye mayores beneficios fiscales para las centrales eléctricas que utilicen estas técnicas.
Una primera categoría se relaciona con las centrales térmicas que usan turbinas a vapor, en particular centrales de carbón, pero también de combustible. Según las nuevas reglas, las centrales que prevean mantenerse después de 2040 deberán instalar tecnologías que permitan captar 90% del CO2 emitido a partir de 2030.
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En cambio, ninguna restricción fue impuesta a las centrales de carbón cerradas de aquí a 2032, o incluso 2035, para las que operen a menos de 20% de su capacidad.
La EPA indica que la instalación de estas tecnologías tomará tiempo y será sobre todo rentable para las centrales que operen más tiempo.
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