La bancada del partido Alianza para el Progreso ha generado un debate significativo al presentar un proyecto de ley en el Congreso de la República de Perú que propone la incorporación de un examen psiquiátrico como requisito obligatorio para el matrimonio civil en el país.
La parlamentaria María Acuña es la impulsora principal de esta iniciativa, que fue recibida el 8 de septiembre pasado y que busca, según sus promotores, mejorar los requisitos matrimoniales para fortalecer la institución familiar en la sociedad.
El proyecto de ley establece que los futuros cónyuges deben obtener certificados de evaluación psiquiátrica, los cuales no deben tener una fecha de expedición anterior a treinta días antes de la ceremonia nupcial. Además, estos certificados deben ser entregados a los contrayentes con al menos quince días de anticipación a la fecha programada para el matrimonio.
En su exposición de motivos, Acuña argumenta que la familia se encuentra en una profunda crisis, atribuyéndole a la erosión constante y a los experimentos sociales a los que se ha sometido la institución del matrimonio. La parlamentaria considera que la sociedad actual carece de valores y se encuentra en un estado de degradación moral.
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Para respaldar su propuesta, María Acuña señala datos preocupantes proporcionados por la Policía Nacional del Perú. Según estos datos, el año pasado se reportaron 87 feminicidios en el país, de los cuales 51 casos (58,6 % del total) involucran violencia familiar como factor agravante antes del homicidio.
Acuña subraya que la mayoría de estos incidentes ocurren en la misma etapa de la vida en la que las parejas se casan, lo que refuerza su argumento sobre la necesidad de abordar la raíz de la violencia doméstica para reducirla de manera efectiva.
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El proyecto de ley ha generado un intenso debate en el Congreso y en la sociedad peruana en general. Mientras algunos lo ven como un esfuerzo necesario para proteger a las parejas de situaciones potencialmente dañinas, otros lo critican como una medida intrusiva que podría obstaculizar el derecho a contraer matrimonio. La discusión sobre la relación entre el matrimonio y la salud mental continúa, y se espera que se tomen decisiones importantes en las próximas semanas.
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