Familiares de menores de edad detenidos en el contexto de las protestas desatadas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela entregaron un documento a Unicef en Caracas, en el que piden a la agencia de la ONU que interceda para que sean liberados los 70 niños y adolescentes que aseguran permanecen encarcelados, así como para verificar en qué condiciones se encuentran.
Las capturas se produjeron en los días posteriores a las presidenciales, cuando miles de venezolanos salieron a protestar contra el resultado oficial de los comicios, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó la victoria a Nicolás Maduro, mientras que el bloque opositor mayoritario, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), insiste en que el ganador fue su abanderado, Edmundo González Urrutia.
De los 142 menores que, según el documento, fueron capturados, 70 continúan en centros de reclusión, donde aseguran los familiares "viven en condiciones infrahumanas no aptas para su edad y condición, en violación de los estándares internacionales".
Resalta el caso de Katherine Martínez, que tiene a su hija presa. Explicó que en principio su esposo fue citado, a la sede de la policía científica, a donde acudió el día 4 de agosto junto a su hija de 17 años, quien terminó detenida en el lugar.
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"Fuimos a acompañarlo (a su esposo), nos hicieron entrar al CICPC (..). Nos dijeron: "es ella la que se queda porque está en un grupo de WhatsApp". Mi hija está detenida por estar en un grupo de WhatsApp ", aseguró, sin precisar los motivos de la citación a su esposo.
Martínez señaló que “están pidiendo para ella 10 años de cárcel" por el delito de "incitación al odio, y eso ni siquiera aparece en la Lopna (Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente), ni siquiera es un delito para estar detenido”.
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Reconoce que su hija si envió memes y opinó en ese grupo de WhatsApp, “hay una persona que denuncia al grupo, que dice que se siente amenazada, que le mandaron mensajes, pero el expediente no dice que sea ella, (su hija) que, si expresó su opinión, pero sin ofender a nadie, era un tema que estaba en boga en ese momento”
Los demás familiares de los menores acusados de terrorismo e incitación al odio, entre otros delitos explicaron que las malas condiciones en las que se encuentran "incluyen hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos de salud, alimentación deficiente y falta de protección frente a abusos físicos y psicológicos".
Además, advirtieron a Unicef de la situación "alarmante de los niños y jóvenes" quienes insisten "están siendo injustamente detenidos " y pidieron ayuda urgente para su liberación.
También entre los familiares, se encontraba Nérida Ruiz, quien manifestó que su hijo, de 16 años, fue detenido en su casa el 31 de julio y se le imputan los delitos de "terrorismo, incitación al odio, resistencia a la autoridad y hurto calificado", ya que, además, fue culpado por el robo de una moto, que la madre niega.
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Según el Gobierno, durante la crisis poselectoral se registraron 27 muertes, de las que las autoridades responsabilizan a la oposición, y más de 2.400 personas fueron detenidas.
Sin embargo, el antichavismo señala a los cuerpos de seguridad del Estado de represión y violencia contra los manifestantes.
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