El futuro del expresidente Donald Trump está en manos de dos jueces colombianos

El expresidente de Estados Unidos y precandidato a las elecciones de 2024, Donald Trump, tiene este martes una cita con la Justicia en la Corte Federal de Miami para ser notificado de las 37 acusaciones que un gran jurado le imputó por supuestamente haber retenido y ocultado documentos secretos en su casa de Florida.

Esta no es la primera ocasión en la que Trump debe comparecer ante la justicia. El pasado mes de abril, en un tribunal no federal de Nueva York, se declaró inocente de 34 cargos por los pagos presuntamente irregulares para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016.

Este caso es presidido por Juan Merchán, que nació en Bogotá y migró a Estados Unidos a los 6 años. Comenzó su carrera de magistrado en 2006 y es juez interino de la Corte Suprema de Nueva York desde 2009. Lideró el juicio por fraude fiscal de la Organización Trump, propiedad del exmandatario; supervisó un caso contra Steve Bannon, exasesor de Trump y condenó a prisión a Allen Weisselberg, uno de los escuderos más fieles del empresario.

Tras conocerse que sería el juez que le leería los cargos de la fiscalía, Trump escribió en su red social Truth que Juan Merchán lo odiaba.

"El juez ‘asignado' a mi caso de caza de brujas, (...) ME ODIA", escribió el expresidente que también ha asegurado que Merchán ha sido colocado en su cargo por el fiscal de Manhattan Alvin Bragg, quien ha dirigido la investigación contra Trump y contra quien mantiene una especie de cruzada personal.

Mientras que Aileen Cannon, nacida en Cali en 1981, es la encargada del caso de los documentos clasificados, pero no será quien lea los cargos al exgobernante este martes. Cannon además fue nombrada para el puesto de juez en los tribunales federales del Distrito Sur de Florida en el año 2020 por Donald Trump mientras era presidente.

Aunque el magistrado Jonathan Goodman será quien presida la lectura, Cannon, que tiene orígenes colombianos y cubanos, tendrá la autoridad para revisar la decisión del juez a petición de cualquiera de las partes, según recoge la televisión hispana Telemundo.

Según medios, Cannon fue seleccionada al azar para este caso entre cuatro jueces federales en el sur de Florida.

Con fuertes vínculos con la comunidad hispana del sur de Florida, Cannon se convirtió en el centro de atención en septiembre pasado cuando supervisó los procedimientos judiciales que el FBI encontró en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, en Florida.

En su fallo, Cannon denegó al Departamento de Justicia de EE.UU. una moción para continuar revisando e investigando material incautado en Mar-a-Lago, al tiempo que nombró al juez Raymond Dearie, antiguo magistrado principal del tribunal del distrito con sede en Brooklyn, como perito independiente.

Por su decisión de aceptar la designación de un perito independiente para revisar los documentos hallados en Mar-a-Lago, como pidió Trump, Cannon recibió numerosas críticas.

Pero más tarde la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito (en Georgia) "rechazó rotundamente los fallos anteriores de Cannon a favor de Trump", puntualiza este martes MSNBC.

De los 37 cargos de los que debe responder el exmandatario, 31 corresponden al delito tipificado como retención deliberada de información de defensa nacional.

Los otros son por conspiración para obstruir la justicia, ocultación de manera "corrupta" de un documento o registro, ocultación de un documento en una investigación federal, plan para ocultar y declaración y representación falsas.

Según el documento de 49 páginas que recoge la acusación, los delitos más graves que se imputan a Trump, como bstrucción a la justicia y conspiración, están penados con un máximo de 20 años de cárcel y multas de hasta 250.000 dólares y los menos graves, como conspiración para ocultar, con 5 años de cárcel y la misma sanción económica.