Siete líderes de veteranos de guerra fueron detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) acusados de planificar atentados con explosivos.
Entre los arrestados se encuentra José Santos Melara Yánez, exdiputado del FMLN, quien es señalado como el financista de los presuntos planes.
La policía alega que los detenidos planificaban atacar gasolineras, supermercados e instituciones públicas como parte de un grupo llamado Brigada de Insurrección Salvadoreña.
En una casa en Guazapa, se encontraron explosivos y materiales para fabricarlos, que fueron mostrados en fotografías publicadas por la PNC.
Entidades como el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador calificaron las detenciones de arbitrarias y basadas en falsos testimonios.
Organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario y Cofappes afirman que las detenciones son una forma de persecución política y criminalización del derecho de asociación.
Las detenciones se producen en un momento crítico, ya que el presidente Nayib Bukele se prepara para iniciar su segundo mandato, tras ser reelegido con un amplio respaldo en febrero.
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