El régimen de excepción, implementado por Nayib Bukele permite arrestos sin orden judicial y ha resultado en la detención de más de 80,000 personas.

Denuncian que las mujeres encarceladas no reciben la atención médica adecuada, especialmente en servicios ginecológicos y obstétricos, debido a la escasez de profesionales médicos.

Mujeres embarazadas en prisión enfrentan dificultades para acceder a controles prenatales y tratamientos para complicaciones relacionadas con el embarazo.

Además de la falta de atención física, las mujeres detenidas también carecen de servicios de salud mental necesarios.

Organizaciones de derechos humanos critican que las políticas de seguridad no deben justificar la violación de los derechos humanos de las mujeres encarceladas.

Grupos de derechos humanos sostienen que entre los detenidos hay miles de personas inocentes, perpetuando una crisis de derechos humanos en el país.

Según el gobierno salvadoreño, más de 7,600 personas detenidas bajo el régimen de excepción han sido liberadas hasta la fecha.

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