La revocación del arresto domiciliario y la devolución a prisión de los dos presos más emblemáticos de la oposición venezolana, Leopoldo López y Antonio Ledezma, provocó este martes una amplia condena internacional.
López, de 46 años, y Ledezma, de 62, fueron devueltos a prisión porque según el máximo tribunal planeaban fugarse y por realizar declaraciones contra una Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, electa el domingo en una votación denunciada de "fraude" por la oposición.
Estados Unidos expresó su "profunda preocupación" por el encarcelamiento de los líderes opositores y pidió su "liberación inmediata" a través de la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.
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"Esta acción es una prueba más del autoritarismo" del gobierno de Maduro, había dicho horas antes el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Francisco Palmieri.
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El ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, calificó la noticia de "harto preocupante" y dijo que su país impulsará en la Unión Europea (UE) sanciones individuales contra los responsables de la crisis en Venezuela.
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Maduro y 13 funcionarios y excolaboradores del presidente fueron sancionados en los últimos días por Estados Unidos, congelando todos los activos que pudieran tener bajo jurisdicción estadounidense.
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En Nueva York, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, urgió al gobierno venezolano a hacer "todos los esfuerzos posibles" para resolver las tensiones e impedir más episodios de violencia tras la detención de los líderes opositores.
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En América Latina, la reacción más fuerte provino del gobierno de Brasil, que "repudió" el encarcelamiento y llamó a Maduro a "liberar inmediatamente" a López y Ledezma.
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Para Brasilia, la detención de "dos de los principales opositores" al gobierno se trata de "una demostración más de la falta de respeto a las libertades individuales y al debido proceso legal, pilares esenciales de un régimen democrático", puntualizó el comunicado emitido por la cancillería.
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López había vuelto a casa el 8 de julio, luego de cumplir en una prisión militar tres años y cinco meses de la pena de casi 14 años a la que fue condenado por incitar a la violencia en protestas contra Maduro, que dejaron 43 muertos en 2014.
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Ledezma, exalcalde de Caracas, fue capturado el 19 de febrero de 2015 en su oficina y en abril de ese año recibió casa por cárcel. Está acusado de presunta conspiración contra Maduro.
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Pero en la madrugada de este martes, ambos fueron trasladados a la prisión militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas.
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"Profundamente preocupado" por la encarcelación, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, llamó a Caracas "a liberar de inmediato a todas las personas detenidas por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión".
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"Insto a las autoridades a no exacerbar una situación ya extremadamente volátil con el uso de fuerza excesiva", añadió Al Hussein en un comunicado emitido en Ginebra.
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De su lado el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, cuyo gobierno recibe críticas por no haber condenado con fuerza como lo hicieron otras naciones del continente la votación del domingo, dijo que el encarcelamiento de López y Ledezma es una acción "arbitraria" y la calificó como un "desastre".
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La presidenta chilena, Michelle Bachelet pidió esclarecer la situación de López y Ledezma, poco después de que su canciller, Heraldo Muñoz había declarado que la detención de figuras opositoras en Venezuela es una "pésima señal" para sortear la crisis.
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Panamá condenó el encarcelamiento, una acción que, según el país centroamericano, "demuestra" la apuesta de Maduro por la "confrontación".
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Las voces de protesta también se hicieron sentir desde Roma, donde el primer ministro italiano Paolo Gentiloni afirmó que el encarcelamiento de los líderes opositores venezolanos es un hecho "inaceptable".
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"La detención de los líderes de la oposición es inaceptable. Italia se compromete contra el riesgo de dictadura y guerra civil" en Venezuela, advirtió el jefe del gobierno italiano de centroizquierda.
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