La detención en Groenlandia del renombrado activista Paul Watson puso en el foco la caza de ballenas, que anualmente acaba con la vida de alrededor de 1,200 ejemplares.

La caza de ballenas, que se practica desde al menos el siglo IX para obtener carne, aceite y huesos, se industrializó en el siglo XIX.

En respuesta, en 1986 se instauró una moratoria mundial para la caza comercial con el fin de ayudar a la recuperación de las especies.

En la actualidad, tres países, Japón, Noruega e Islandia, autorizan la caza comercial de ballenas. Además, una cláusula controversial permite la caza con fines científicos, aunque la validez de esta justificación es cuestionada.

La moratoria de 1986 ayudó a la recuperación de las especies más amenazadas, como la ballena jorobada, cuya población ha crecido a unos 25,000 ejemplares. Sin embargo, otras especies siguen en peligro, como la ballena azul y la ballena franca del Atlántico norte.

Estas especies enfrentan amenazas adicionales como las colisiones con barcos, las redes de pesca, la contaminación y el cambio climático.

En mayo, Japón lanzó un nuevo barco factoría, el "Kangei Maru", para intensificar la caza. Japón considera que algunas poblaciones se han recuperado lo suficiente como para incluir nuevas especies en la caza comercial.

El gobierno japonés defiende la caza de ballenas como una tradición que data del siglo XII y como una medida para garantizar la seguridad alimentaria, aunque el consumo de carne de ballena ha disminuido considerablemente.

Protegerlas es vital para mantener el equilibrio de los ecosistemas y, en consecuencia, la salud del medio ambiente y de los seres humanos.

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