Human Rights Watch (HRW) culpó a la "campaña" de descrédito del expresidente Jair Bolsonaro contra la democracia por haber contribuido a alentar los actos golpistas de sus seguidores de este domingo.
"Este ataque es el resultado de una campaña del expresidente Jair Bolsonaro y sus aliados para socavar los principios democráticos y difundir alegaciones infundadas de fraude electoral", dijo en un comunicado la directora interina para las Américas de HRW, Tamara Taraciuk Broner.
Para HRW, los "actos de violencia y vandalismo" ocurridos en Brasilia, cuando miles de simpatizantes de Bolsonaro invadieron y causaron cuantiosos daños en el Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema, "constituyen un ataque inaceptable contra las instituciones".
Los bolsonaristas radicales, que estaban acampados frente a los cuarteles del Ejército en varias ciudades desde el pasado 30 de octubre, piden una intervención militar para deponer al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
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Lula venció en la segunda vuelta de las elecciones con el 50,9 % de los votos válidos, frente al 49,1 % de Bolsonaro, quien todavía no ha reconocido abiertamente la derrota.
"Las autoridades locales no tomaron las medidas adecuadas para proteger edificios federales clave, particularmente considerando que partidarios de Bolsonaro llevaron a cabo incidentes violentos anteriores", como los del pasado 12 de diciembre, apuntó HRW.
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Para la entidad, "La Policía y la Fiscalía deben investigar no solo a quienes cometieron actos de violencia el 8 de enero, sino también a quienes los incitaron y financiaron".
Amnistía Internacional Brasil, por su parte, emitió un comunicado en el que "exige investigaciones rápidas, imparciales y efectivas que sean conducidas por las instituciones competentes para que los actos sean investigados".
"La invasión y depredación de edificios públicos, la destrucción de documentos, violaciones de la seguridad e integridad física de periodistas que acompañan los actos y de agentes de las fuerzas de seguridad agredidos por extremistas deben ser investigados", aseveró AI.
Para la organización, "el intento de destrucción y sustracción de aparatos y cámaras de profesiones de comunicación representan una grave violación de derecho a la libertad de expresión de la prensa".
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