Amnistía Internacional llamó este miércoles al mandatario venezolano Nicolás Maduro a reconocer la grave crisis socioeconómica y permitir la ayuda humanitaria impulsada por el opositor Juan Guaidó, pero advirtió contra el uso de las necesidades de salud "como herramienta de negociación política".
"Esperamos que las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro no solo reconozcan esta gravísima crisis (...) pero que además garanticen el acceso y sobre todo garanticen que esta cooperación sea entregada a las comunidades y a las personas que más lo necesitan", dijo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Un cargamento de alimentos y medicinas donados por Estados Unidos está acopiado en Colombia, y otros países latinoamericanos y europeos se comprometieron con millones de dólares en asistencia, a solicitud de Guaidó, reconocido por 50 naciones como presidente interino de Venezuela.
Pero la ayuda humanitaria está en el medio de una pugna política entre Guaidó y Maduro, que ordenó impedir su entrada al considerar que se trata de la puerta a una intervención militar para derrocarlo.
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"Los Estados tienen la obligación de proveer de esta cooperación internacional sin ninguna condición y asegurarse que esta cooperación, esta asistencia llegue directamente a las manos de las personas en situación de mayor vulneración", dijo Guevara a los países oferentes.
Para la ONG de defensa de los derechos humanos "el sufrimiento generalizado de estas personas (que esperan la ayuda) no debe ser usado como una herramienta de negociación política", añadió la representante de AI en rueda de prensa este miércoles.
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Venezuela niega la existencia de una crisis humanitaria y atribuye la hiperinflación y severa escasez de alimentos y medicinas, que forzó al exilio a 2,3 millones de personas desde 2015, a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.
Guevara indicó que Amnistía Internacional no acompañará el plan de Guaidó para hacer entrar la ayuda humanitaria este sábado por las porosas fronteras con Colombia y Brasil.
No obstante, pidió que la coordinación de la ayuda recaiga en organizaciones de la sociedad civil "para garantizar que esta asistencia llegue a las manos de las personas que la necesiten sin que se politice, ni condicione la entrega".
La profundización de la crisis socioeconómica incitó continuas protestas, dijo a periodistas Marco Ponce, del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que cuantificó 2.500 focos solo en enero, crecientemente en zonas populares que en el pasado se identificaban con el gobierno.
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Amnistía Internacional documentó 41 asesinatos por la represión oficial entre el 21 y el 25 de enero, producto de "una política represiva y sistemática" para "silenciar las voces" de los manifestantes, y que se ha vuelto "selectiva en contra de personas que protestan en sectores populares", dijo Guevara.
Acusando a las fuerzas de seguridad de haberse convertido en "perpetradoras de las peores violaciones de derechos humanos", Guevara llamó a la fiscalía de la Corte Penal Internacional tomar en cuenta esos asesinatos recientes en el examen preliminar que realiza para determinar su competencia para investigar a Venezuela.
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