En una operación llevada a cabo este sábado, las autoridades peruanas allanaron la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, así como la sede de gobierno, en medio de una investigación relacionada con unos relojes Rolex que la mandataria no habría declarado como parte de su patrimonio.
Agentes de policía y fiscales ingresaron en la madrugada a la residencia de Boluarte, ubicada en el este de Lima, y posteriormente registraron el palacio de gobierno en busca de los relojes cuya procedencia no ha sido especificada por la presidenta.
Las imágenes de televisión mostraron cómo los efectivos irrumpieron en la vivienda tras forzar la puerta con una barra de hierro, para luego dirigirse horas más tarde a la sede presidencial.
"Vamos a hacer la revisión en palacio, a hacer el allanamiento según la orden judicial", declaró el coronel Harvey Colchado, quien se negó a confirmar si se encontraron joyas u otras evidencias, argumentando el carácter "reservado" de la investigación.
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Así fue el allanamiento:
Boluarte, quien asumió la presidencia en diciembre de 2022, está siendo investigada desde el 18 de marzo por presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de declaraciones en documentos públicos.
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En un breve comunicado en la red X, la presidencia informó que el operativo en el palacio de gobierno se llevó a cabo "con normalidad y sin ninguna incidencia".
Los allanamientos fueron autorizados por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, presidido por el juez supremo Juan Carlos Checkley, a solicitud del Fiscal de la Nación.
El gobierno expresó su rechazo ante la acción de la fiscalía. "Lo que ha sucedido constituye un intolerable atropello a la dignidad de la Presidencia de la República y a la Nación que representa. Estas acciones son desproporcionadas e inconstitucionales", afirmó a la prensa el jefe de gabinete, Gustavo Adrianzén.
Las operaciones de registro se llevaron a cabo después de que la fiscalía rechazara la solicitud de la presidenta de reprogramar una comparecencia en la que debía mostrar los relojes y sus comprobantes de adquisición.
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Si fuera acusada de enriquecimiento ilícito, Boluarte solo sería juzgada después de julio de 2026, cuando finaliza su mandato, según lo establecido por la Constitución.
El escándalo podría derivar en un pedido de destitución de Boluarte desde el Congreso, argumentando "incapacidad moral". Sin embargo, para que esto suceda, las bancadas de derecha que controlan el parlamento unicameral y son el principal apoyo de la mandataria deberán unirse a las minoritarias bancadas de izquierda, una alianza difícil de concretar.
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Según el jefe de gabinete, Boluarte se encontraba en su residencia dentro del palacio de gobierno al momento de los allanamientos. La presidenta continuará "colaborando con la fiscalía" y rendirá su declaración cuando sea convocada, añadió Adrianzén en la red X.
El escándalo por los Rolex estalló después de un reportaje del programa periodístico "La Encerrona" a mediados de marzo, que reveló que Boluarte había utilizado varios relojes de la marca de lujo en actividades oficiales desde que asumió como vicepresidenta y ministra en 2021.
La Contraloría de la República anunció que revisará las declaraciones de bienes presentadas por Boluarte en los últimos dos años en busca de algún desbalance patrimonial.
Además de esta investigación, la fiscalía ya está investigando a Boluarte por presuntos delitos relacionados con la muerte de más de 50 ciudadanos durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
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La popularidad de Boluarte no supera el 10% en las encuestas y carece de bancada propia en un Congreso controlado por la derecha y ultraderecha.
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