Al menos 55 migrantes fallecidos en un naufragio frente a la costa libia

Al menos 55 personas migrantes perdieron la vida ayer, incluidas mujeres y menores, en un naufragio frente a la costa libia de Garabouli, al este de la capital, y cinco personas pudieron ser rescatadas cuando trataban de alcanzar Europa en embarcaciones precarias, informó hoy la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Según este organismo, en lo que va de año más de 4.000 personas- incluidas un centenar de menores- fueron interceptadas por los guardacostas libios y devueltas al país pese a ser considerado un lugar "no seguro" mientras que 310 fallecieron y 227 continúan desaparecidas.

La Guardia Costera es un cuerpo formado y financiado por la Unión Europea pese a estar bajo sospecha por organizaciones humanitarias por sus supuestos vínculos con las mafias que se dedican al lucrativo negocio del contrabando.

A principios de abril Human Rights Watch (HRW) criticó la resolución sobre Libia adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU , después de que el comité de investigación revelase innumerables violaciones de derechos humanos y pidió a Europa cesar su apoyo a las autoridades locales.

Asimismo pidió al Consejo crear un mecanismo independiente para monitorear estos abusos y suspender la financiación de países terceros que "envían personas a lugares donde se enfrentan a abusos y condiciones de detención inhumanas".

Libia es un país de tránsito para miles de migrantes que se embarcan en el Mediterráneo central- considerada la ruta más mortífera- y, junto a Túnez, se han convertido en uno de los principales puntos de partida.

El pasado 11 de abril el Gobierno italiano, dirigido por la ultraderechista Giorgia Meloni, decretó el estado de emergencia durante los próximos seis meses tras el desembarco en sus costas de más de 3.000 personas en tan sólo tres días.

El Parlamento Europeo aprobó la pasada semana una serie de medidas para gestionar la migración, incluido un plan de emergencia que obligará a los 27 miembros a cooperar en caso de que la capacidad de recepción de un país socio se vea superada por la llegada "repentina y masiva" de solicitantes de asilo y migrantes y dispondrán de un año para reformar su caduco sistema de asilo.

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