Pompeyo González Pascual es un jubilado del norte de España, y sus motivaciones eran contrarias al apoyo de España y Estados Unidos a Ucrania.
La Audiencia Nacional, impuso una condena de 18 años a Pompeyo González Pascual por los cargos de terrorismo y fabricación de explosivos.
El objetivo de los ataques era enumerar los destinatarios de las cartas bomba, incluyendo las embajadas de Ucrania y Estados Unidos, el presidente Pedro Sánchez y otros funcionarios y entidades.
Con los efectos de las cartas bomba, especialmente se buscaba la explosión en la embajada de Ucrania, donde un empleado quedó herido.
La intención de Popeyo era generar presión para detener el apoyo a Ucrania en su conflicto con Rusia.
La defensa del acusado aludió a su curiosidad y habilidades manuales como explicación para su actividad en Internet y la fabricación de los artefactos.
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