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Se necesita actuar lo antes posible para mitigar el calentamiento global: WWF

El Informe Planeta Vivo 2024 de WWF destaca una reducción del 73 % en tamaño promedio de poblaciones de vida silvestre a nivel global en los últimos 50 años, siendo América Latina aún más afectada.

Calentamiento global
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SEBASTIEN BOZON/AFP

El informe Planeta Vivo 2024 presenta un panorama alarmante sobre la biodiversidad del planeta, revelando que se ha perdido un impresionante 85 % en ecosistemas de agua dulce, un 69 % en animales terrestres y un 56 % en especies marinas. Estos datos, contundentes y preocupantes, destacan la profunda crisis ecológica que enfrentamos, donde la pérdida de hábitats se identifica como la principal amenaza. Este fenómeno es impulsado por diversos factores, entre los que destacan el sistema alimentario insostenible, la sobreexplotación de recursos naturales y el cambio climático , que están afectando de manera severa a América Latina y el Caribe.

Carlos Mauricio Herrera, director de Gobernanza de WWF, enfatiza que, a pesar de los compromisos globales establecidos para controlar el cambio climático y preservar la biodiversidad, los resultados hasta la fecha son desalentadores. "Los objetivos propuestos no se están cumpliendo", señala. En relación con el calentamiento global, las proyecciones actuales sugieren que la temperatura media del planeta podría aumentar hasta tres grados para 2030, un escenario catastrófico que, de no ser abordado, tendrá consecuencias devastadoras para los ecosistemas y el bienestar humano.

Herrera dice que, aunque se han generado compromisos para limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados, los análisis de las contribuciones y metas de los países apuntan hacia un escenario mucho más sombrío. La comunidad internacional debe evaluar urgentemente estos impactos potenciales, ya que las proyecciones actuales no han tenido en cuenta los efectos en el comportamiento de la naturaleza y las implicaciones para la vida humana.

Ante esta crítica situación, el viceministro de Ambiente, Mauricio Cabrera Leal, presentó las estrategias que se implementarán en la próxima COP16 para restaurar la biodiversidad. Destacó que es crucial adoptar un enfoque de ordenamiento territorial que involucre a la ciudadanía, promoviendo la formalización de actividades económicas que hoy contribuyen a la pérdida de biodiversidad. Esto es fundamental en un contexto donde las economías ilícitas han generado una degradación ambiental alarmante.

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El 29 de octubre, se firmará un acuerdo de voluntades entre varios países para establecer un marco internacional que regule la extracción de minerales, un elemento clave en la transición energética global. Este acuerdo busca mitigar las presiones que enfrentan diversas naciones debido a la explotación de minerales de alto valor, que están provocando graves daños ambientales en regiones como África, Asia y América Latina. La intención es que Colombia, como sede de la COP 16, lidere este esfuerzo, especialmente ante el creciente desafío de la gestión de sus recursos minerales.

Cabrera también advirtió sobre la alarmante pérdida de conectividad ecológica en Colombia, señalando que las regiones Caribe y Andina están particularmente afectadas. El Instituto Von Humboldt ha documentado una pérdida significativa de ecosistemas y de integridad ecosistémica en estos territorios. La fragmentación del hábitat, especialmente entre la región amazónica y la andina, ha alcanzado niveles críticos, con pocos corredores ecológicos que aún mantienen la conectividad necesaria para la biodiversidad.

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Uno de los aspectos que más preocupa al Gobierno Nacional son las especies invasoras, que representan una amenaza adicional para la biodiversidad. En respuesta, se ha promulgado una reglamentación para controlar la proliferación de especies invasoras, como los hipopótamos, y se ha diseñado un plan de acción para reducir su población de manera efectiva. Esto incluye medidas para minimizar la procreación y controlar otras especies que afectan negativamente a los ecosistemas locales.

El informe concluye con un apremiante llamado a la acción, estableciendo que se dispone de un plazo de cinco años para implementar planes de acción que permitan recuperar parte de la biodiversidad perdida y mitigar el impacto del cambio climático.

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