La Corte Constitucional avaló este miércoles la ley de aprobación del Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que beneficia la protección de los líderes ambientales, acceso a la información y consultas previas para iniciativas que tengan impacto ambiental.
Este acuerdo consolida el marco jurídico para la protección de los derechos ambientales y fortalece la defensa de quienes defienden el medioambiente en el país y con su aprobación pasa a ser ley en Colombia.
"Felicitaciones a la Corte Constitucional. El tratado de Escazú es hoy ley en Colombia", escribió en su cuenta de X el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien agregó que "Colombia marcha a ser Potencia Mundial de la Vida".
La Corte tenía en estudio la constitucionalidad del tratado desde diciembre de 2022 analizando la compatibilidad de Escazú con la Constitución colombiana.
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En su decisión la Corte declaró "constitucional el 'Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe', adoptado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018".
En diálogo con Mañanas Blu, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, celebró la reciente aprobación del Acuerdo de Escazú por parte de la Corte Constitucional y explicó su importancia para la protección ambiental en Colombia.
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Destacó que la aprobación unánime de la Corte Constitucional al Acuerdo de Escazú significa que se puede comenzar la implementación del acuerdo de manera segura.
Esto incluye el fortalecimiento de la justicia ambiental y la protección de líderes de derechos humanos.
En los últimos dos años, el Ministerio de Ambiente ha trabajado en la creación del Sistema de Información Ambiental de Colombia, que permite a los ciudadanos acceder a información sobre deforestación y otros problemas ambientales.
Según la ministra, uno de los aspectos clave de Escazú es el acceso a la información y la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales. La implementación del Acuerdo de Escazú también incluye la obligación de las empresas de informar sobre los químicos y sustancias que vierten al agua, el suelo y el aire, para que la ciudadanía pueda entender los impactos ambientales.
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En cuanto a la protección de líderes ambientales, la ministra reconoció que aún hay desafíos debido al conflicto armado y la presencia de economías ilícitas en ciertas regiones del país.
Sin embargo, destacó la importancia de trabajar de la mano con estos líderes en la prevención y en una estrategia integral del Estado. En relación a los mitos en torno a la ratificación del Acuerdo de Escazú, la ministra aclaró que no se ampliarán las consultas previas y que el acuerdo no frenará la economía del país, sino que traerá inversiones extranjeras más responsables.
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También enfatizó en la importancia de la participación pública y el acceso a la información para garantizar una distribución justa del agua en la sabana de Bogotá.
En cuanto a la polémica sobre el racionamiento de agua en Bogotá, la Ministra explicó que hay un desequilibrio ambiental debido a las fuentes propias de agua en municipios como La Calera, donde operan plantas embotelladoras. Destacó la necesidad de trabajar en conjunto con las autoridades regionales para corregir estas injusticias ambientales y promover una distribución justa del agua en la región.
Escuche aquí la entrevista:
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