La Fiscalía General de la Nación inició una investigación tras las denuncias de posible espionaje a la Corte Constitucional. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció el viernes la apertura inmediata de esta investigación después de que magistrados informaran sobre presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a uno de los despachos de la Corte.
La fiscal general ha dispuesto todos los recursos disponibles para avanzar con celeridad y rigurosidad en los actos investigativos que permitan determinar los alcances e impacto de esta delicada situación denunciada el pasado miércoles
Durante una reunión se discutió sobre presuntos seguimientos y espionaje a temas de fondo que están siendo debatidos, así como presuntas interceptaciones ilegales. Los magistrados han solicitado oficialmente a la Fiscalía verificar si desde hace meses se ha llevado a cabo una labor de inteligencia contra miembros de la corte.
Entre las posibles pruebas se menciona información sobre presuntas escuchas e interceptaciones a celulares de magistrados y otros funcionarios que manejan procesos sensibles y bajo reserva.
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La Fiscalía rechazó cualquier insinuación de filtración deliberada o indebida que pueda afectar la seguridad, protección e integridad de los denunciantes y sus familias. Además, desmintió haber divulgado el documento suscrito por uno de los magistrados de la Corte Constitucional.
Las chuzadas durante Gobierno Uribe
Este caso recuerda el escándalo de las "chuzadas" durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), cuando se descubrió que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) había instalado micrófonos en la Corte Suprema de Justicia e interceptado teléfonos de diversas personalidades, incluyendo jueces, periodistas y opositores.
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Por este escándalo, Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia de Colombia, y María del Pilar Hurtado, exjefa del DAS, fueron condenados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por varios delitos. En 2017, Jorge Noguera, exdirector del DAS, también fue condenado por realizar interceptaciones de comunicaciones privadas, vigilancia y seguimientos sin autorización judicial.
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