La Fiscalía General de la Nación inició una indagación tras recibir la denuncia que presentó el saliente ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por presunta injerencia de Ricardo Roa y Nicolás Alcocer en la hidroeléctrica de Urrá. Esto, sobre los presuntos actos de corrupción que vienen ocurriendo en la empresa Urrá S.A, que maneja y comercializa la energía producida por la central hidroeléctrica Urrá 1, ubicada cerca de los municipios de Tierralta y Valencia, Córdoba y cuya mayoría accionaria es de la Nación.
Blu Radio pudo establecer que un fiscal de la dirección especializada contra la corrupción ya está analizando la denuncia que reveló este medio; las actuaciones del ente investigador iniciaron desde el pasado mes de octubre.
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Además, un equipo de Policía Judicial de ese despacho adelanta un análisis de datos en bases abiertas con el objetivo de establecer si el presidente de Ecopetrol y el hijo de la Primera Dama, Verónica Alcocer y otras figuras políticas del departamento de Córdoba, habrían cometido delitos contra la administración pública.
Cabe mencionar que Bonilla amplió la denuncia del 27 de septiembre, hecha por una ciudadano que pide mantener la reserva de su identidad, quien dice que hay posible conflicto de intereses y colusión dentro de la contratación de Urrá S.A.
De acuerdo con esa denuncia, funcionarios y contratistas externos como William Tadeo Amín Burgos y Juan David Diazgranados Garzón “habrían participado presuntamente en procesos licitatorios con pleno conocimiento interno y acceso privilegiado a la información técnica, lo que favoreció de manera indebida a las empresas Positive Energy SAS y Ecoenergética Soluciones de Ingeniería SAS”.
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Un punto crítico en la denuncia es la presunta presión ejercida por Nicolás Alcocer y Ricardo Roa sobre la Junta Directiva de Urrá, en un aparente esfuerzo por tomar control de la empresa y favorecer a aliados cercanos en la adjudicación de contratos, específicamente con relación al Parque Solar Urrá 19.9, cuya construcción ha enfrentado un retraso de dos años y medio.
Adicionalmente, refiere que la empresa Power China, socia de Luxim Ingeniería S.A.S en el consorcio Lux Power 2022, ha sido favorecida en diversos contratos estatales relacionados con el sector energético. Estas adjudicaciones, según el denunciante, deben ser objeto de revisión debido a los vínculos cercanos entre los principales actores mencionados y su influencia en la administración de Urrá S.A. E.S.P.
En el documento también se relaciona a Nicolás Alcocer Petro con David Cerón, accionista principal de Luxim Ingeniería S.A.S., quien habría utilizado su cercanía con figuras de poder para ejercer presión sobre la administración de la compañía. “En la foto anterior podemos ver al señor Nicolás Alcocer Petro con Lucía Muñoz Petro y su esposo, David Cerón, de quien nos cuentan ha realizado distintas amenazas a los actuales directivos de Urrá por sus contactos en el alto Gobierno y su relación estrecha con el hijo del presidente, y exige beneficios a los directivos y a la junta directiva en procesos licitatorios”, señala el denunciante anónimo.
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La denuncia incluye acusaciones detalladas que involucran reuniones y contactos estrechos entre los señalados y empresarios del sector energético. “Todos sabemos en el departamento que la intervención es propuesta por el señor Ricardo Roa, quien quiere quedarse con toda la energía y las empresas rentables del sector, y por Nicolás Alcocer Petro, hijo adoptivo del presidente, quien busca ejercer presiones indebidas sobre la junta directiva de la compañía para tomar control de la misma y favorecer a sus amigos más cercanos”, indica el texto recibido por Bonilla.
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