Este viernes, 15 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia escuchó en calidad de testigos a Gabriel Alberto Calle, padre del congresista Andrés Calle, y a Gabriel Calle Aguas, hermano del representante a la Cámara, en el marco de la investigación por presunta corrupción vinculada a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) . La pesquisa busca esclarecer posibles aportes irregulares a las campañas electorales de los Calle en 2023.
Gabriel Alberto Calle, actual alcalde de Montelíbano (Córdoba), declaró ante la Corte que los recursos utilizados en su campaña para la alcaldía en 2013 provinieron exclusivamente de préstamos bancarios y fondos obtenidos a través de sus empresas, principalmente de tres estaciones de gasolina que gestiona en la región. Rechazó de manera tajante que haya recibido aportes públicos o recursos ilegales, asegurando que nunca recibió dinero de ninguna entidad estatal.
El alcalde también destacó que uno de sus más férreos opositores durante su candidatura fue precisamente su hijo Andrés Calle, quien en tono de broma le recriminó en una conversación posterior: “Papá, si me estimaras más, no aspirarías. Por tu culpa casi pierdo la presidencia de la Cámara de Representantes.” Gabriel Alberto subrayó que ni él ni su hijo Andrés han recibido dineros ilícitos para sus campañas.
Por su parte, Gabriel Calle Aguas, hermano del congresista, también negó enfáticamente que su campaña a la Gobernación de Córdoba, o la de su padre a la alcaldía de Montelíbano, hayan recibido fondos irregulares o provenientes del erario público. En su intervención, afirmó que “las mentiras de Olmedo López y Sneyder Pinilla” comenzarán a caer, acusándolos de intentar evadir su responsabilidad penal.
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La Corte Suprema también sigue de cerca las diligencias relacionadas con el escándalo de corrupción en la UNGRD, y ha definido las fechas para la indagatoria de varios congresistas involucrados. Entre ellos, se encuentran Karen Manrique (2 de diciembre), Wadith Manzur (3 de diciembre), y otros cinco legisladores que deberán declarar en diciembre. El caso continúa desarrollándose mientras se acumulan más pruebas y testimonios sobre los supuestos manejos irregulares de recursos públicos.