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Blu Radio conoció que la Fiscalía General de la Nación cuenta con una serie de pruebas que involucrarían al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
Los investigadores de campo, bajo la dirección de las fiscales Cristina Patiño y Andrea Muñoz, ya rastrearon los movimientos financieros y las cuentas bancarias de Carlos Ramón González durante su gestión en el Dapre. Además, han realizado búsquedas en bases de datos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Dentro del material probatorio, los investigadores también han obtenido las coordenadas del teléfono celular de González para verificar si coinciden con las reuniones mencionadas por Olmedo López y Sandra Ortiz. En particular, buscan confirmar su presencia en la reunión del 21 de septiembre de 2023 en la Casa de Nariño, donde presuntamente se habría articulado el plan para favorecer a los congresistas.
Asimismo, se indaga sobre el contenido de las conversaciones que González habría sostenido con Olmedo López respecto a las presuntas instrucciones para beneficiar al expresidente del Senado Iván Name.
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Otro punto de la investigación es la reciente actividad notarial de Carlos Ramón González, con el objetivo de determinar si ha adquirido bienes inmuebles o metales preciosos.
La Fiscalía acudió recientemente al Tribunal Superior de Bogotá para legalizar las pruebas recopiladas ante una eventual imputación de cargos. La Sala Penal del Tribunal avaló las pruebas, lo que llevó a la defensa de González a apelar la decisión ante la Corte Suprema de Justicia.
En su apelación, la defensa argumentó:
“Mantenemos nuestra objeción respecto a la ilegalidad de ciertas actuaciones en el proceso. En particular, cuestionamos la validez del informe relacionado con las labores en las empresas de telefonía, ya que los documentos e imágenes suministrados por los investigadores eran ilegibles y carecían de claridad sobre el procedimiento y la información obtenida. Esto se suma a las inconsistencias en el traslado de los elementos materiales probatorios por parte de la Fiscalía”.
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Actualmente, Carlos Ramón González se encuentra bajo indagación, pero no tiene ninguna restricción para salir del país, pese a las especulaciones sobre su paradero. Sobre este último punto, su defensa ha mantenido reserva.
Según el ente acusador, González habría dado instrucciones a Sandra Ortiz para direccionar contratos por 60.000 millones de pesos a favor del expresidente del Senado, Iván Name , y más de 10.000 millones para el expresidente de la Cámara, Andrés Calle.
En el escrito de acusación contra Sandra Ortiz, revelado por este medio, se señala que ella fue la encargada de coordinar y facilitar la operación, ejerciendo influencias indebidas para favorecer los intereses de Name.
“Debido a la premura con que los parlamentarios exigían los recursos en septiembre, Carlos Ramón González y Olmedo López modificaron la oferta y optaron por entregar 3.000 millones de pesos en efectivo a Name y 1.000 millones a Calle”, dice el documento.
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