Este martes 15 de abril se llevó a cabo una nueva audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá para legalizar pruebas dentro del proceso que adelanta la Fiscalía , con el fin de establecer si existe alguna responsabilidad penal del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La audiencia, que inició a las 7:00 a.m., fue presidida por el magistrado Luis Enrique Bustos. “Para efectos de la audiencia virtual preliminar de control posterior en búsqueda selectiva en bases de datos, se señala la hora de las 07:00 a.m. del 15 de abril de 2025”, indicaba la citación judicial.
Las diligencias judiciales, que se vienen realizando desde el mes de febrero por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, tienen como objetivo recolectar pruebas que permitan contrastar las declaraciones de Olmedo López , quien ha vinculado al exfuncionario del Gobierno Petro con las irregularidades ocurridas en la UNGRD. En particular, el ente acusador busca establecer si González incurrió en el delito de tráfico de influencias como servidor público.
El pasado 5 de marzo, el Tribunal Superior de Bogotá autorizó a la Fiscalía a rastrear los movimientos financieros y las cuentas bancarias de Carlos Ramón González durante su gestión en el Dapre. Además, permitió realizar búsquedas en las bases de datos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
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Otra de las pruebas clave en la investigación corresponde a las coordenadas del teléfono celular de González, con el fin de verificar si coinciden con las reuniones mencionadas por Olmedo López y Sandra Ortiz. En particular, se busca confirmar su presencia en la reunión del 21 de septiembre de 2023 en la Casa de Nariño, donde presuntamente se habría articulado un plan para favorecer a ciertos congresistas.
Durante la audiencia de este martes 15 de abril, se verificó que González tiene registrada una línea telefónica con el operador Claro, y se descartó que tuviera una línea adicional. “En efecto, mediante oficio del 2 de abril se solicitó la información correspondiente y se obtuvo respuesta en los términos que ya se han mencionado por el señor fiscal: esto es, la no vinculación de Carlos Ramón González con la referida entidad (Wom)”, señaló el magistrado Luis Enrique Bustos.
Asimismo, se investiga el contenido de las conversaciones que González habría sostenido con Olmedo López respecto a presuntas instrucciones para beneficiar al expresidente del Senado, Iván Name.
Según la Fiscalía, González habría dado instrucciones a Sandra Ortiz para direccionar contratos por 60.000 millones de pesos a favor del senador Iván Name , y más de 10.000 millones para el entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle. En el escrito de acusación contra Sandra Ortiz, se señala que ella fue la encargada de coordinar y facilitar la operación, ejerciendo influencias indebidas para favorecer los intereses de Name.
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“Debido a la premura con la que los parlamentarios exigían los recursos en septiembre, Carlos Ramón González y Olmedo López modificaron la oferta y optaron por entregar 3.000 millones de pesos en efectivo a Name y 1.000 millones a Calle”, se lee en el documento de la Fiscalía.
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