El Tribunal Superior de Bogotá ha decidido devolver varios documentos clave del expediente contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez a la Corte Suprema de Justicia. Esta acción es consecuencia de una reciente decisión del tribunal sobre un supuesto impedimento de sus magistrados para resolver un asunto de fondo en el caso que comenzó en 2016 y que involucra acusaciones de fraude procesal y soborno a testigos.
La defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, había presentado una queja formal contra la juez del caso, Sandra Liliana Heredia. Granados solicitó la anulación de todas las actuaciones en el expediente, alegando violaciones al debido proceso. Este punto es crítico, ya que la solicitud de nulidad fue planteada antes de que la juez Heredia formulara la acusación formal contra Uribe y permitiera las audiencias preparatorias del juicio.
Granados argumentó que la juez desestimó la nulidad en solo 57 minutos durante una audiencia. En esta audiencia, la juez Heredia declaró que las pretensiones de la defensa eran “ostensiblemente infundadas” y debían ser rechazadas para asegurar la celeridad del proceso judicial. La Procuraduría respaldó la posición de la defensa de Uribe, afirmando que el recurso de queja era procedente y respetaba las garantías fundamentales de todas las partes involucradas.
La sala del Tribunal Superior que recibió la queja se declaró impedida para resolverla, alegando que ya había tomado decisiones en una solicitud de preclusión relacionada con el mismo caso. Sin embargo, la semana pasada, este impedimento fue desestimado. La Sala Penal del tribunal determinó que las razones del impedimento no estaban suficientemente sustentadas y que los recursos de queja y apelación deben ser tratados por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
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Por lo tanto, el expediente ha sido remitido a la Corte Suprema, que deberá decidir quién resolverá la queja contra la juez Heredia. Cabe aclarar que esto no afecta los plazos ni las audiencias preparatorias del juicio contra Uribe, que actualmente están en la fase de descubrimiento de pruebas, ahora bajo la supervisión de la fiscal Marlene Orjuela, quien reemplazó al fiscal anterior debido a su jubilación. La resolución de la Corte Suprema será crucial para el avance del juicio contra el líder natural del Centro Democrático.
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