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Thomas Greg: Tribunal congeló proceso por $117.000 millones contra Cancillería

La acción judicial busca una indemnización por los presuntos perjuicios generados tras la no adjudicación de la licitación para la impresión de pasaportes en 2023.

Pasaporte
Foto: Bluradio

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca prorrogó hasta el 4 de febrero el proceso judicial por la demanda de $117.000 millones interpuesta por la Unión Temporal Pasaportes 2023, de la que hace parte Thomas Greg & Sons , contra la Cancillería. La acción judicial busca una indemnización por los presuntos perjuicios generados tras la no adjudicación de la licitación para la impresión de pasaportes en 2023.

Según el documento oficial, el aplazamiento fue solicitado de común acuerdo entre los apoderados del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unión Temporal Pasaportes 2023. Inicialmente, el proceso fue suspendido por 60 días hábiles, pero podría extenderse en función de las negociaciones en curso.

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Este conflicto comenzó en 2023, cuando el entonces canciller Álvaro Leyva declaró desierta la licitación para la producción de pasaportes , lo que llevó a Thomas Greg & Sons a demandar al Estado. Sin embargo, ante la necesidad de garantizar el servicio, el Gobierno prorrogó el contrato de Thomas Greg bajo urgencia manifiesta hasta octubre de 2024, y luego extendió el acuerdo hasta 2025.

Aunque la impresión de pasaportes continúa garantizada gracias a un acuerdo alcanzado en septiembre de 2024 entre la Cancillería y Thomas Greg, esta negociación no está relacionada con la demanda en curso. En dichas reuniones, realizadas en la Procuraduría, se pactó que Thomas Greg siga produciendo pasaportes hasta septiembre de 2025, mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores implementa un nuevo modelo.

Por otro lado, el Gobierno firmó un memorando de entendimiento con Portugal para cooperar en la producción de un nuevo tipo de pasaporte, cuyo desarrollo comenzará en 2025. Este acuerdo busca modernizar el sistema y reducir la dependencia de proveedores externos.

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La suspensión judicial, ahora extendida hasta febrero, permitirá a ambas partes explorar posibles soluciones al litigio.

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