Según la Procuraduría, las diligencias en la Registraduría, el 12 de marzo de 2024, y en la Cancillería, los días 14, 15 y 19 de marzo del mismo año, tenían como propósito verificar el cumplimiento del régimen de libre competencia económica en procesos contractuales.
No obstante, los funcionarios y contratistas investigados habrían solicitado, accedido y extraído información de computadores institucionales y dispositivos móviles personales de servidores públicos de ambas entidades, sin que estos datos tuvieran relación con la averiguación preliminar.
Entre los investigados por el Ministerio Público se encuentran la funcionaria de la SIC Martha Liliana Fandiño Vergara y los contratistas Mercy Lorena Agámez Rodríguez, Daniela Alvarado Guzmán, Rober Alexis Núñez Barrios, Jéssica Juliana Ortega Velandia y Daniel Leonardo Muñoz Manrique, quienes participaron en la diligencia en la Registraduría.
Adicionalmente, se investiga al coordinador del Grupo de Trabajo Élite contra Colusiones de la SIC, Mario Alejandro Franco Vanegas, y al contratista José Miguel Moreno Reina, quienes participaron en ambas diligencias.
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En este caso, la Procuraduría advirtió que las actividades probatorias adelantadas podrían haber comprometido la protección de derechos fundamentales de los servidores públicos de las entidades intervenidas, además, alertó sobre el posible riesgo para la confidencialidad y custodia del censo electoral, así como de información institucional ajena al objeto de la actuación administrativa.
La investigación sigue en curso para determinar responsabilidades y posibles sanciones.
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