La Fiscalía General de la Nación alcanzó importantes preacuerdos con algunos de los implicados en el escándalo de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En el marco de las investigaciones, los involucrados aceptaron su responsabilidad en diversos delitos y se comprometieron a restituir parte de los recursos desviados. Estos acuerdos deberán ser presentados ante un juez para su aprobación final.
Los seis exfuncionarios que llegaron a preacuerdos
Entre los implicados figura Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la UNGRD, quien aceptó los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación. López cumplirá una pena de 7 años, 1 mes y 12 días de prisión, además de reintegrar 724 millones de pesos al Estado.
Por su parte, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector del Manejo del Riesgo de la UNGRD, fue señalado por los mismos delitos y enfrentará una condena de 6 años, 6 meses y 9 días, además de devolver 618 millones de pesos.
En el caso del contratista Luis Eduardo López Rosero, la Fiscalía documentó delitos adicionales como falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Su pena será de 6 años, 8 meses y 12 días de prisión, junto con la obligación de reintegrar 7.722 millones de pesos, la cifra más alta entre los implicados.
Asimismo, el exasesor de la UNGRD, Pedro Andrés Rodríguez Melo, acordó una pena de 4 años, 10 meses y 19 días por concierto para delinquir y peculado por apropiación, con un reintegro de 1.000 millones de pesos.
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En un preacuerdo aparte, el exdirector de Conocimiento de la UNGRD, Luis Carlos Barreto Gantiva, aceptó cargos por peculado por apropiación y soborno. Deberá cumplir una condena de 3 años, 7 meses y 13 días, y devolver 150 millones de pesos.
Finalmente, Édgar Eduardo Riveros Rey, implicado por soborno, enfrentará una pena de 5 años y 3 meses de prisión.
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Estos acuerdos serán socializados con las víctimas antes de ser presentados a un juez de la República para su respectivo control. La Fiscalía destacó que estos compromisos incluyen tanto la reparación económica como el reconocimiento de los hechos ilícitos.
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