La Fiscalía General de la Nación individualizó y citará a interrogatorio a ocho soldados del Ejército Nacional que estarían relacionados con el caso de abuso sexual de una niña de la comunidad Embera Chamí, en Risaralda.
Carmen Torres, jefe de la Unidad Delegada para la Seguridad Ciudadana, señaló que dentro de las entrevistas ya fue escuchada la menor de 13 años perteneciente a una comunidad indígena en Apía, Risaralda.
“Una vez se conoció el presunto acto sexual en contra de una menor indígena de la comunidad embera iniciaron las actividades de Policía Judicial correspondientes, logrando hasta el momento dar a la menor la debida protección, se le restablecieron sus derechos, se escuchó en entrevista y se le prestaron los exámenes de rigor”, dijo.
Próximamente serán llamados a responder en eventuales interrogatorios los ocho soldados, presuntamente implicados con este caso.
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“Se han recibido 25 entrevistas a personas que pudieron haber tenido conocimiento sobre la ocurrencia de este acto sexual, también se ha logrado la identificación de los presuntos autores que corresponden a ocho miembros del Ejército Nacional”, expresó Torres.
Ante la gravedad de los hechos el caso fue asignado de manera inmediata al despacho de una fiscal de la Seccional del departamento de Risaralda.
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Procuraduría investiga a militares que habrían abusado de niña indígena
Este miércoles, por poder preferente, la Procuraduría asumió la actuación que inició la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ejército Nacional, con sede en Pereira, y abrió indagación preliminar contra los soldados del Batallón San Mateo, “por la presunta retención ilegal y el acceso carnal violento contra una niña de la comunidad indígena Embera Chamí, de Pueblo Rico, Risaralda”.
Ante la gravedad y afectación de los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes, y ante el imperativo de “obtener protección contra toda forma de violencia contra estos sujetos de especial protección, deben ser asumidas por la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de los fines esenciales inherentes a la entidad y dispuestos en los mandatos constitucionales”, señala el Ministerio Público.
La Procuraduría pide que se adelante la oportuna investigación penal “bajo el principio de debida diligencia y el restablecimiento de derechos de la niña como titular de especial protección constitucional”.
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