La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que revoque la sanción contra Alberto Merlano Alcocer, familiar de la primera aama, Verónica Alcocer . La sanción había sido impuesta por violar el régimen de libre competencia durante la implementación de un nuevo esquema de recolección de basuras en Bogotá, liderado por el entonces alcalde Gustavo Petro en 2014.
El caso se reactivó en diciembre de 2024, cuando la SIC, bajo la dirección de Cielo Rusinque, comenzó a mover el expediente. Según denuncias internas, esta acción podría beneficiar al presidente Gustavo Petro y a su círculo cercano. Sin embargo, la solicitud de la SIC se limita exclusivamente a anular la sanción de Merlano Alcocer.
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El proceso original, liderado por la misma SIC hace una década, concluyó que la alcaldía de Petro intentó cambiar el modelo de recolección de basuras en Bogotá, excluyendo a las empresas privadas, lo que contravenía las normas de libre competencia. Las sanciones impuestas alcanzaron a varios funcionarios de la administración de entonces, incluido Merlano Alcocer.
La decisión actual de la SIC ha desatado controversias, especialmente porque se ha señalado que allegados al Gobierno han promovido a Merlano Alcocer como candidato para liderar Ecopetrol, una de las empresas más importantes del país.
Frente a las críticas, la superintendente Cielo Rusinque defendió la legalidad del trámite: “Este asunto corresponde a un trámite trivial y corriente dentro de la administración pública, no obedece a ninguna voluntad oculta de servir a intereses distintos al estricto respeto del derecho, y menos aún responde a un supuesto favorecimiento al presidente de la República. No se ha hecho nada distinto a seguir lo establecido en el CPACA, remitiendo a la justicia contenciosa el escrito que ahora provoca suspicacias”, explicó.
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Rusinque también enfatizó que será el Tribunal Administrativo de Cundinamarca quien decida si se aprueba o no la fórmula conciliatoria propuesta: “Por lo tanto, le corresponde a los jueces decidir, en su independencia funcional y jerárquica, si hay lugar o no a conceder lo solicitado por el señor Merlano. Como Superintendente, no tengo ni pretendo tener ninguna incidencia en el sentido del fallo. Sí, he zanjado la cuestión de los impedimentos, que por ley me correspondía, con una motivación que está abierta al escrutinio público”, afirmó.
Ahora, el futuro de la sanción contra Merlano Alcocer está en manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , que tendrá la última palabra en este polémico caso.
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