Senador Mario Castaño sería la cabeza de organización ilegal que direccionaba contratos públicos

La Fiscalía aseguró que las nueve personas capturadas harían parte de una red de corrupción que direccionaba contratos para apropiarse de recursos de obras públicas en departamentos como Valle del Cauca, Cauca, Tolima y Risaralda. Según las pesquisas, el senador Mario Castaño sería la cabeza de la organización que logró gestionar por lo menos 50 contratos desde el 2020 y por los cuales, presuntamente, se habrían pagado coimas y porcentajes al congresista.

“Los proyectos y los contratos estaban siendo direccionados por el grupo ilegal organizado. Por la adjudicación de los contratos se pactaban coimas y porcentajes. Conocía que el proyecto de draga del río Condoto, y esto es doloroso para el país, para Chocó, tenía fallas en su estructuración y planeación. Conocía que los contratos beneficiaban al grupo delincuencial organizado y, concretamente, que el líder del grupo delincuencial era Mario Castaño”, dijo el fiscal del caso.

Pero los contratos, que sumarían más de 60.000 millones de pesos, no son todo. Señaló la Fiscalía que también tenían otro modus operandi: supuestamente, encontrar desempleados, buscarles puestos y a cambio de los nombramientos, al parecer, no solo les cobraban porcentajes, sino que también les pedían aportar votos al senador. Incluso, dijo el delegado del ente acusador, también se investiga solicitud de favores sexuales a cambio de esas contrataciones.

“Juan Carlos Martínez (prófugo de la justicia) y Alejandro Noreña ejecutaron ese constreñimiento mediante violencia psicológica, en tanto a que los extorsionados estaban en una situación vulnerable de desempleo, que los colocaba en una situación de subordinación. Juan Carlos y Alejandro Noreña aprovecharon una situación de poder, que era derivada de su cercanía con el senador Mario castaño y con ello lograban, con su mediación, el nombramiento o la suscripción de un contrato de prestación de servicios en las entidades que ya mencionamos (Contraloría, Procuraduría, Sena, ICBF) y, por esa razón, pedían dineros a esas personas que se encontraban en situación de desempleo y, posteriormente, hacían los tramites que fueran necesarios para asegurar el recaudo de la suma extorsiva”, explicó el fiscal.

“Juan Carlos era quien hacía las llamadas y les pedía a estas personas no solamente entregar dineros si no aportarle votos y caudal político al senador, y Alejandro Noreña participó en la selección de esas personas constreñidas, las perfilaba y se las entregaba a Juan Carlos para que él les efectuara la respectiva llamada”, añadió el delegado del ente acusador.

Y otras dos personas jugaron un papel relevante en la organización: Lorena Cañón, la supuesta ‘lobista’ y quien coordinaba reuniones políticas, y Daniela Ospina, con quien, al parecer, el senador mantenía una relación y que, según las pesquisas, no solo fue beneficiaria de un contrato en el Senado por 20 millones de pesos que, al parecer, no ejecutó, sino que prestó sus cuentas para que entraran algunos de los pagos ilícitos.

Un candidato presidencial ¿involucrado?

El fiscal del caso aseguró que, al parecer, Lorena Cañón estaría planeando eventos políticos que estarían siendo financiados con recursos del grupo delincuencial organizado.

“El primero de marzo del 2022, ella exteriorizó en una comunicación en la que dice que va a adelantar una reunión política con entre 100 y 200 mujeres en Boyacá, iba a ser este sábado y esa reunión iba a ser con la esposa de un candidato presidencial en Boyacá, no lo voy a referir. (…) El 15 de febrero habló con un señor Germán Palomino para hacer acercamiento con un grupo de esmeralderos de Boyacá para la campaña a un candidato a la Presidencia. (…) Hacer campaña política no es delito, el tema es que hay elementos y evidencia que acreditan que los eventos políticos están siendo financiados con recursos del grupo delincuencial organizado, con la utilidad de la contratación indebida”, añadió el fiscal.

Por los hechos, a los capturados les imputaron cargos por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato. Ocho de los nueve capturados como supuestos integrantes de la red de corrupción no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía; la única que aceptó su responsabilidad fue Claudia Marcela Castaño, representante de una de las empresas que se habría beneficiado con la contratación.

Además, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema para que investigue las actuaciones de Castaño y también trasladó las copias a la unidad de lavado de activos de la Fiscalía para que investigue un presunto lavado de las coimas.

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