La audiencia de formulación de acusación contra Sandra Liliana Ortiz Nova, exasesora presidencial para las Regiones, fue aplazada para el 10 de abril de 2025. Inicialmente, la diligencia estaba programada para el 6 de marzo, pero su abogado, Oswaldo Medina Posada, solicitó el aplazamiento argumentando que en esas fechas debía atender declaraciones ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Según el reporte judicial, Medina Posada tiene diligencias agendadas los días 5, 6 y 7 de marzo en un proceso en el que el magistrado ponente es Héctor Javier Alarcón Granobles. El juez del caso aceptó la solicitud de aplazamiento y fijó la nueva fecha para el 10 de abril a las 8:00 a. m.
Sin embargo, fuentes cercanas al proceso no descartan que el aplazamiento también pueda estar relacionado con una posible negociación con la Fiscalía.
Ortiz podría buscar un principio de oportunidad o un preacuerdo
Ortiz Nova enfrenta un proceso por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD . La Fiscalía le imputó los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, asegurando que la exfuncionaria le entregó 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name, en un apartamento al norte de Bogotá. Dinero adquirido de manera irregular con la contratación de 40 carrotanques de la UNGRD para La Guajira que generaron sobrecostos.
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De acuerdo con el abogado Pablo Bustos, representante de víctimas, Ortiz aún tiene dos caminos posibles para reducir su responsabilidad penal antes de que se lea el escrito de acusación: negociar un preacuerdo con la Fiscalía, lo que le permitiría obtener una rebaja de hasta el 50 % de la pena, o acogerse a un principio de oportunidad, que le otorgaría inmunidad en algunos delitos a cambio de información clave para la investigación.
Si opta por un preacuerdo, su testimonio podría ayudar a consolidar los casos contra otros implicados en el escándalo de la UNGRD, y así lograr beneficios como la suspensión del proceso o la modificación de su medida de aseguramiento. En cambio, si busca un principio de oportunidad, tendría que aportar información que permita desmantelar la estructura de corrupción, ya que este beneficio se otorga únicamente cuando la colaboración es determinante para esclarecer delitos de alto impacto.
Según el abogado Pablo Bustos, la Fiscalía cuenta con “múltiples declaraciones, principios de oportunidad en curso, acusaciones, medidas de aseguramiento e imputaciones”, además de documentación que acreditaría la comisión de los delitos. Esto haría difícil que Ortiz consiga una inmunidad total, pero su testimonio podría ser determinante para seguir revelando la magnitud del esquema de corrupción.
Las autoridades han avanzado en la imputación de exfuncionarios y contratistas vinculados al escándalo. Ahora, la gran incógnita es si Sandra Ortiz optará por colaborar con la justicia antes del juicio o enfrentará el proceso sin beneficios judiciales.
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