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Sandra Ortiz pidió adición de $11.000 millones en contrato para beneficiar a Name: Fiscalía

Un contrato por 11.000 millones de pesos que se estaba ejecutando en el departamento del Atlántico, según señaló la Fiscalía. Además, Ortiz habría utilizado su cargo para beneficiar a Name.

Sandra Ortiz
Sandra Ortiz
Foto: Senado de la República

En la audiencia de medida de aseguramiento contra Sandra Ortiz , exconsejera presidencial para las regiones, la Fiscalía General de la Nación presentó pruebas que la vinculan con presuntas gestiones ilícitas relacionadas con contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. Entre las evidencias se encuentran testimonios, chats y videos de cámaras de seguridad de la Casa de Nariño, que sustentan las acusaciones por tráfico de influencias y lavado de activos.

Según la Fiscalía, Ortiz habría utilizado su cargo para beneficiar al senador Iván Name. “Se puede inferir de manera razonable que la alta consejera presidencial para las regiones utilizó influencias derivadas de su cargo en provecho del senador Iván Name con el fin de, primero, entregar 3.000 millones de pesos derivados de la contratación de la UNGRD con destino al presidente del Senado, Iván Name, y, segundo, para que Olmedo López le ayudara en la adición de un contrato por 11.000 millones de pesos que se estaba ejecutando en el departamento del Atlántico”, señaló la Fiscalía.

Entre las pruebas presentadas se encuentran videos de una reunión en la Casa de Nariño el 21 de septiembre de 2021, en la que Ortiz y Olmedo López, entonces director de la UNGRD, discutieron la entrega de recursos al expresidente del Senado . Además, chats y registros muestran cómo López y Sneyder Pinilla, también implicados, coordinaron el traslado de 3.000 millones de pesos al norte de Bogotá el 12 y 13 de octubre de ese año.

La Fiscalía aseguró que estas gestiones se realizaron bajo la dirección del exdirector del Dapre Carlos Ramón González, quien habría ordenado las entregas de dinero. Ortiz, López y Pinilla enfrentan cargos por concierto para delinquir, mientras avanza el proceso judicial por los contratos que comprometieron millonarios recursos públicos.

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