La Procuraduría sancionó en primera instancia con suspensión de 10 meses e inhabilidad especial al exsenador Julián Bedoya por usar su investidura entre el 11 de octubre de 2018 y el primero de marzo de 2019, con el fin de obtener de manera rápida y “con una normativa ajustada a sus intereses” su título profesional como abogado.
“La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular confirmó que el entonces parlamentario logró ventajas ante la Universidad de Medellín, que se materializaron en la obtención irregular del grado expedido, producto del trato preferencial que recibió por parte del centro académico”, indicó el ministerio público.
La Procuraduría determinó que hubo manipulación de los reglamentos de la Universidad de Medellín para regular los trámites y procedimientos del proceso en beneficio del entonces senador, así como en el reintegro que permitió la posterior obtención del título profesional.
Además, la entidad determinó que hubo alteración de varios documentos y que la presentación de exámenes por parte de Bedoya en un mismo día no se ajustaba con los tiempos en los que cursó un alumno de pregrado e, incluso, que aprobó asignaturas sin estar registrado como estudiante para el periodo en el que supuestamente las cursó.
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“La Procuraduría estableció que el exsenador vulneró el principio de moralidad que regula la función administrativa y que con su actuación quebrantó su deber funcional, por lo que calificó de manera definitiva la falta como grave cometida a título de dolo, la cual será convertida a salarios de acuerdo con lo devengado en el momento de la comisión de la misma”, agregó la entidad.
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