Un agrio enfrentamiento sostienen el presidente Álvaro Uribe y el presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes, luego de que este último le reclamara al presidente Iván Duque abstenerse de cualquier pronunciamiento relacionado con las sanciones contra exjefes de la extinta guerrilla de las Farc por sus crímenes.
Según Cifuentes, los pronunciamientos de Duque atentan contra el Estado de Derecho. A través de Twitter, el magistrado dijo que las sanciones serán impuestas de manera autónoma por la jurisdicción de paz.
No es competencia del presidente @IvanDuque instruir a la JEP sobre cómo debe sancionar a los imputados de las FARC. Las sanciones que en su momento impondrá autónomamente la JEP, son las que consagra la Constitución y la Ley. Si no fuera así no habría Estado de Derecho.
— Eduardo Cifuentes Muñoz (@EcifuentesMu) February 7, 2021
Mientras el presidente Duque no se refirió a la controversia, quien sí opinó con vehemencia fue Uribe, quien aseguró que el acuerdo de paz consagró la impunidad para responsables de delitos atroces.
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Por esta impunidad que consagró el Acuerdo de La Habana y que reafirma el Pte de la JEP es que debemos insistir en el referendo que saque del Congreso a los responsables de delitos atroces como el secuestro y violación de niños https://t.co/biyjjUzq9y
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 8, 2021
Uribe, en su respuesta al presidente de la JEP insistió en su idea de impulsar un referendo para reformar la JEP. Además, aseguró que los congresistas que hicieron parte de las Farc y sean señalados de delitos atroces deberían renunciar a sus curules.
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La polémica se da en medio de avances en la jurisdicción de paz frente al tema de los secuestros cometidos por las Farc, así como el inicio del estudio formal de los crímenes de guerra cometidos por la extinta guerrilla en contra de integrantes de la fuerza pública, compilados en el llamado "Caso 5".
El Caso 5 investiga las violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al DIH durante el conflicto armado en 17 municipios del Cauca y Valle del Cauca, dos de los más golpeados por la violencia.
En este caso se han acreditado 83 "sujetos colectivos", entre los que hay 34 pueblos indígenas, 47 consejos comunitarios y dos organizaciones de víctimas.
En total, de estos grupos hacen parte más de 180.000 víctimas, mientras que también se "ha acreditado al territorio ancestral y colectivo, e individualmente a 67 personas".
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