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¿Reforma a la justicia laboral? Esto dice la Corte Suprema

El alto tribunal propuso una reforma a la justicia laboral, en donde se introducirían cambios en el tratamiento de los casos de acoso laboral.

Corte Suprema de Justicia
Corte Suprema de Justicia.
Foto: AFP.

El sistema judicial colombiano se renueva con la implementación de un nuevo código procesal del trabajo y de la seguridad social, reemplazando un marco normativo con más de 70 años de antigüedad.

Esta transformación busca adaptar las normas procesales a la realidad social actual, garantizando una justicia pronta y eficaz para los ciudadanos.

Uno de los objetivos principales, según afirmó Marjorie Zúñiga, presidente de la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, es que este nuevo código busca evitar situaciones críticas, como las largas esperas para respuestas en casos de pensiones de invalidez o de sobrevivientes.

La “modernización” incluye principios orientadores contemporáneos, como el enfoque de género y la protección de sujetos especiales, además, se introduce la posibilidad de sentencias anticipadas en determinados casos, eliminando la antigua facultad extra y ultra de los jueces, ahora convertida en un deber.

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La Corte Suprema de Justicia también verá ampliada su competencia, incluyendo ahora la capacidad de unificar la jurisprudencia en temas sensibles como el acoso laboral, que anteriormente no llegaban a su conocimiento.

“Para facilitar el acceso a la justicia, el código integra tecnologías de la información en todo el proceso judicial, desde la presentación de demandas hasta las audiencias, permitiendo que todo sea digital y más accesible para los ciudadanos”, afirmó la presidente de la Sala laboral.

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Además, el alto tribunal asegura que, en términos de estructura judicial, se aumenta la cuantía para el recurso de casación a 150 salarios mínimos y se garantiza la doble instancia en los procesos.

Por último, Zúñiga dice que, el Congreso de la República ha mostrado un apoyo unánime al nuevo código, aprobado en el Senado y ahora en debate en la Cámara de Representantes. Se planifican audiencias públicas para enriquecer el proyecto con la participación de la comunidad académica, sindicatos, empleadores y otros actores sociales.

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