El presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, radicó una denuncia en la Fiscalía contra el exfuncionario del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Andrés Mauricio Mayorquín y su esposa, Karen Liseth Váquiro Cuéllar, por el escándalo que dio a conocer BLU Radio sobre los 24 contratos firmados con el Estado, que suman 1.245 millones de pesos.
En la denuncia, la Red de Veedurías pide a la Fiscalía que indague los posibles delitos de tráfico de influencias, falsedad y concierto para delinquir.
“Muy respetuosamente, se solicita se adelante investigación penal contra Andres Mayorquín Bocanegra en su calidad de entonces funcionario del DAPRE con su cónyuge, Karen Liseth Váquiro Cuellar, por los presuntos punibles de tráfico de influencias, falsedad -en documento al no dar cuenta y ocultar el vínculo matrimonial existente y no informar a las entidades a las cuales cada uno hacia parte-, contrato sin el lleno de los requisitos legales -de idoneidad y experiencia y el manifiesto conflicto de intereses en concurso-, concierto para delinquir logrando para y la suscripción de 24 contratos por más de $1.245 millones, 22 por contratación directa, con múltiples entidades del Estado”, dice la denuncia.
La petición se suma a la que hizo ya la Red de Veedurías a la Procuraduría y en la cual también pide que se les investigue disciplinariamente.
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“Por hallarse presuntamente incurso en diversas irregularidades como son el conflicto de intereses en concurso, contrato sin el lleno de los requisitos legales, falsedad al no dar cuenta del vínculo matrimonial existente y no informar a las entidades a las cuales cada uno hacia parte, así como la falta de idoneidad y experiencia requerida para el desempeño de tales funciones por parte de la citada contratista, entre otros, logrando suscribir 24 contratos por más de $1.245 millones, 22 por contratación directa, con múltiples entidades del Estado”, se lee en la misiva.
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Este jueves se conoció que la Fiscalía inició una indagación preliminar para establecer si el exfuncionario y su esposa cometieron delitos. De establecerse que sí, el ente acusador los vinculará a una investigación formal como presuntos responsables de uno o más delitos a través de un interrogatorio o una imputación de cargos.
“La Fiscalía dará inicio a una indagación que permita esclarecer si en la adjudicación de contratos se presentaron irregularidades en su selección. Esta se realizará de oficio de acuerdo con lo que se ha publicado en medios de comunicación con la finalidad de esclarecer responsabilidades”, dijeron fuentes del ente acusador.
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