La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó a 10 exjefes del Comando Conjunto Central (CCC) de las extintas Farc en el caso que investiga el secuestro, este grupo tenía presencia en zonas como Tolima, Risaralda, Quindío, Huila y Meta, entre otros. Estos delitos los habrían cometido principalmente para financiarse, también por el llamado intercambio humanitario y por el control territorial.
Los exguerrilleros imputados respondieron en un comunicado asegurando que están comprometidos con la verdad y que están dispuestos a asumir responsabilidad, pero muestran su preocupación por el lenguaje utilizado en el auto en el que se les imputan estos crímenes.
"La lectura del auto, el 7 de julio de 2023, fue una sorpresa para nosotros, no por la imputación sino por el uso del lenguaje, los calificativos usados por la misma magistratura y la exposición insidiosa de los hechos sin contexto, que hacen que los señalamientos hacia nosotros aumenten, exponiendo nuestras vidas y las de nuestras familias. Si bien estamos respondiendo por hechos ocurridos en el marco del conflicto armado, esto no significa que debamos ser despojados de nuestra dignidad", señala el documento.
En el mismo sentido señalan que al menos 390 excombatientes de las extintas Farc han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz y que las amenazas en su contra no parecen ser tomadas en serio en algunos casos, además, resaltan su preocupación por la imputación de esclavitud a 1 de los 10 exjefes guerrilleros.
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"Recibimos con preocupación la determinación de imputar el delito de esclavitud a uno de nuestros compañeros, no obstante, nuestro compromiso será siempre hacer honor a lo pactado en el acuerdo final de paz. Hemos reconocido en versiones voluntarias individuales y colectivas los daños causados a la comunidad y a las víctimas; hemos respondido a las demandas de verdad de quienes aún sienten dolor y reclamaban información sobre los hechos que enlutaron sus familias", señalan los exfarc.