En los próximos días, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) se enfrenta a una posible derrota en el pleito judicial por un porcentaje del lote conocido como "Las Mercedes".
Este terreno, ubicado en la calle 191 con autopista norte, alberga el puente peatonal que conecta con la estación de TransMilenio y la Terminal, cuya propiedad ha sido objeto de controversia desde hace más de 15 años.
El IDU desembolsó en su momento una suma de dinero a María Mercedes Perry, liquidadora de los bienes de DMG, con el propósito de construir en ese espacio el puente peatonal.
Sin embargo, abogados que representan al empresario colombiano Carlos López, dueño legítimo del terreno, alegan que el predio fue expropiado ilegalmente y que nunca perteneció a DMG, empresa captadora de dinero desmantelada en 2008.
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El abogado de Colbank, Roberto Charris, asegura que “la propiedad del predio le pertenece a Colbank e Inverlopez, como se acredita en los certificados de tradición y lo confirma la Oficina de Registro Zona Norte de Bogotá”.
Además, Charris afirma que la Superintendencia de Sociedades, al intentar trasladar esos bienes a nombre de DMG, actuó fuera de su competencia, sancionando injustamente a la registradora que se negó a hacerlo.
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En palabras del abogado, “la Superintendencia abusó de sus facultades jurisdiccionales al imponer una sanción injusta que fue posteriormente anulada por la Corte Suprema de Justicia”.
De no llegar a una conciliación con los verdaderos propietarios, el IDU podría enfrentar serias consecuencias.
Los representantes de Colbank han advertido que, si el juez determina que hubo una expropiación indebida, podrían exigir el cierre del puente peatonal, lo que afectaría gravemente la movilidad en TransMilenio y pondría en riesgo a los peatones que utilizan este paso.
Charris también señaló que María Mercedes Perry enfrenta un juicio penal por peculado, ya que “engañó al IDU afirmando que la fracción de terreno pertenecía a DMG, cobrando una suma superior a los 529 millones de pesos”.
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Según el abogado, la Oficina de Registro rectificó el error años después y eliminó la anotación que otorgaba al IDU la propiedad de esa franja de terreno, lo que ahora obliga a la entidad a indemnizar a Colbank e Inverlopez.
Las implicaciones de este caso son considerables. De confirmarse la resolución 114 pendiente de resolver por la Superintendencia de Notariado y Registro, el IDU perdería la propiedad sobre el terreno, obligando a la entidad a legalizar la ocupación o a enfrentar el cierre del puente.
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A la espera de la decisión del juez, el futuro del puente peatonal y la movilidad de miles de bogotanos sigue en suspenso.
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